Luciana B. Miranda Serrano
Estando próximos al 10 de diciembre; fecha en la que se conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, mejor conocido como día Internacional de los Derechos Humanos; es necesario cuestionar y evaluar la situación del país y el rol fundamental que tiene el Estado en la defensa y protección de los mismos.
Este año ha traído consigo múltiples escenarios devastadores para la vigencia de los Derechos Humanos, pues ante la crisis en la que se encuentra sumido el país, resulta secundario pensar en la protección de los Derechos Humanos. Y probablemente esa sea la afirmación causante de la situación crítica en la que nos encontramos actualmente.
Pensar que la vigencia, protección y defensa de los Derechos Humanos, es una cuestión secundaria para el Estado, va en contra de la naturaleza misma que tiene éste; pues es el principal responsable de garantizar su vigencia y pleno ejercicio.
Es así que, las manifestaciones a través de las cuales el Estado ha reflejado su escaso compromiso con este cometido los hallamos, por un lado, a través de la crisis ambiental en la que aún nos encontramos y por la que el Estado sigue sin dar soluciones a corto y largo plazo. Por otro lado, se suma la crisis judicial, que cada vez resulta más estremecedora, pues estamos siendo testigos de la más desvergonzada y aterradora manipulación de la justicia en favor de intereses personales. También tenemos la crisis política, de la que todos resultamos siendo víctimas por enfrentamientos desmesurados y medidas perjudiciales que se revisten de protesta.
En similar sentido, la relación entre el Estado y los Derechos Humanos adquiere mayor relevancia en países democráticos, pues se debe priorizar la inclusión, la transparencia, el ejercicio de los derechos políticos y la participación ciudadana. Esto resulta relevante en nuestro contexto por la proximidad de las Elecciones Judiciales; por lo tanto, debemos recordar que es deber del Estado garantizar que todos los procesos electorales se realicen de manera integral y correcta. Sin embargo, el escenario que encontramos es que las elecciones no se realizarán en todos los departamentos y que, arbitrariamente, anularon cualquier posibilidad a impugnar esta decisión. Esta secuencia de actos que emanan de órganos del Estado, son una clara vulneración a Derechos Fundamentales; y que además, a largo plazo implicará mucho más que solo unas elecciones a medias.
Entonces, ¿qué tan protegidos nos podemos sentir, si el que se supone que debe velar por nuestros derechos, es de quien debemos cuidarnos?
Esta fecha es un recordatorio de que la defensa de los Derechos Humanos, por derecho y por deber, nos concierne a todos; pero fundamentalmente le corresponde al Estado generar mecanismos que garanticen la vigencia de los Derechos de todas las personas, o al menos, no ser el principal vulnerador de ellos.
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Luciana B. Miranda Serrano es integrante del colectivo de defensores de Derechos de Chuquisaca, investigadora y estudiante de Derecho
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