La delegación de Bolivia, donde está Félix Torrez, conversa con misiones diplomáticas de Naciones Unidas. Foto: UNITAS
El Estado boliviano se presentará en enero del próximo año en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para rendir su cuarto Examen Periódico Universal (EPU), un espacio para conocer el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En el marco de este proceso,la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) presentó su informe alternativo sobre libertades fundamentales, acceso a la información y el derecho a defender derechos ante representes de las Misiones Permanentes de los Estados miembros de la ONU en Ginebra, el pasado 19 de noviembre, junto con la Coalición Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Derechos Humanos para el EPU de Bolivia.
En esta delegación estuvo el presidente del directorio de UNITAS, Félix Tórrez. “Para nosotros como sociedad civil frente al Estado boliviano, el Examen Periódico Universal es un espacio muy valioso de conversación, diálogo y exposición de los atentados a los derechos humanos en los distintos aspectos sociales que vivimos en Bolivia”, afirmó.
El EPU es un mecanismo, impulsado por Naciones Unidas. Es un proceso mediante el cual los Estados miembros evalúan la situación de derechos humanos de cada país, presentando recomendaciones para mejorar su desempeño en esta materia.
Para UNITAS, indica Tórrez, el EPU no sólo es un espacio técnico, sino también de reflexión política ya que se pueden visibilizar problemáticas críticas que afectan a la sociedad boliviana. La vulneración de la libertad de prensa y de expresión, las denuncias de atropellos a periodistas y medios de comunicación tienen consecuencias como la censura y autocensura en un ambiente político restrictivo.
«Hay agresiones contra periodistas en el ejercicio pleno del derecho a la expresión. Esto ha tenido recepción internacional, ya que el gobierno es débil cuando intenta imponer un modelo autoritario que limita la libertad de la sociedad para expresarse libremente”, expresó, quien también es director de la histórica radio Pío XII de Potosí.
Tórrez destaca que el EPU permitió que las denuncias de la sociedad civil boliviana lleguen a instancias internacionales. “Es cierto que el Estado no tiene una obligación estricta de cumplir las recomendaciones que recibe, pero este mecanismo abre un espacio importante para el escrutinio público y el diálogo internacional. Es nuestra responsabilidad como sociedad civil documentar, visibilizar y exigir cambios”, afirmó.
El informe alternativo de UNITAS, que desagrega datos actualizados del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos, muestra el estado de situación de la libertad de prensa, afectada por 425 vulneraciones registradas entre 2022 y 2024; además de las vulneraciones a las personas y organizaciones defensoras de derechos, que suman 153 en el mismo lapso.
Como ejemplo, mencionó que en encuentros con representantes de países como Irlanda, España, México y Chile se logró sensibilizar sobre los problemas estructurales que enfrenta Bolivia en materia de libertades fundamentales.
Estas interacciones buscan generar recomendaciones que aborden de manera integral las necesidades de sectores vulnerables de la población, desde periodistas hasta comunidades indígenas afectadas por proyectos extractivistas.
Para UNITAS, el desafío no termina con las recomendaciones que surjan de los Estados en enero próximo. Tórrez subrayó que la implementación efectiva de éstas depende no sólo de la voluntad del Estado, sino también de la presión constante de la sociedad civil y del seguimiento riguroso por parte de los organismos internacionales.
“Debemos seguir denunciando, dialogando y exigiendo el respeto a los derechos humanos. Este trabajo es esencial para construir un país más justo, democrático y respetuoso de la dignidad de todas las personas”, concluyó.
El EPU de 2025 será un momento clave para evaluar el compromiso del Estado boliviano con las libertades fundamentales.
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