Una imagen de archivo muestra a los vocales del TSE exhibiendo las papeletas electorales en Potosí. Foto: TSE
ERBOL
A través de una acción popular se busca que las elecciones judiciales del 15 de diciembre puedan desarrollarse de manera integral y en todos los departamentos pese a la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dispuso su paralización en algunos departamentos.
El recurso fue presentado por el abogado Jamil Apaza Llanos tras advertir que se vulneraron los derechos de la población en los departamentos que resultaron afectados por el fallo emitido el 7 de noviembre, afirmó a ERBOL el jurista Wilson Ramírez.
La acción popular fue admitida en la Sala Constitucional Primera de La Paz y se tiene previsto que en una audiencia del viernes pueda definirse la situación de los comicios para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, y para el TCP en las mismas regiones, además de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.
“Si bien hubiese habido defectos al elegir, pues hay un principio de preclusión que no se ha tomado en consideración y esto ha hecho que nos afecte en los derechos constitucionales a elegir a nuestros representantes del TCP”, afirmó Ramírez.
Los accionados son los presidentes de las salas constitucionales de Pando y Beni que paralizaron el proceso, los magistrados del TCP y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que decidieron acatar el fallo.
En petitorio, Apaza pide que se declare la “inaplicabilidad de toda resolución constitucional, judicial o administrativa, proveniente de acciones de defensa, que tengan el propósito de obstruir o paralizar el proceso eleccionario en curso en su integridad”.
Además, a los vocales del TSE proseguir con el proceso de elecciones para la elección “hasta su conclusión, en su integridad, en todos los departamentos, conforme al cronograma establecido por dicha instancia, en estricto cumplimiento de las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado”.
Y que se disponga la “prohibición a toda autoridad administrativa y/o judicial, de emitir disposiciones que obstaculicen o paralicen el proceso de elecciones, bajo alternativa de Ley, por contrariar los principios del Estado de Derecho y las Leyes bolivianas.”
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