Sandra Verduguez
Como ciudadana, no tengo información para ir a votar el 15 de diciembre luego deque el Tribunal Constitucional suspendió las elecciones judiciales en algunos departamentos. Y si esto pasa conmigo, que trabajo en temas relacionados, es de esperar que la mayoría de la gente -que vive más preocupada sobre cuál será su situación económica el próximo año- tenga aún menos idea de lo que pasa con las cuestiones políticas del país. Si no se resuelven la creciente incertidumbre y desconfianza del electorado, las repercusiones políticas y sociales podrían ser grandes.
Imagen del Órgano Electoral. Suspender las elecciones en algunos departamentos afecta gravemente la confianza ciudadana en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) porque esto se percibe como un reflejo de falta de planificación y debilidad institucional. Quiere decir que la intervención politizada del Tribunal Constitucional genera dudas sobre su imparcialidad, pone en tela de juicio el respeto a los derechos civiles y políticos de la mayoría -al priorizar la defensa de un postulante por encima del proceso electoral- y perjudica la imagen del organismo electoral cuando se inicia un nuevo ciclo electoral fundamental para Bolivia.
Sensación de exclusión. Los ciudadanos de los departamentos afectados podrían experimentar descontento y frustración, ya que quedarán marginados en un proceso que debería ser inclusivo y equitativo. Esto a causa del papel irresponsable de las comisiones de la Asamblea Legislativa, que incumplieron con la ley al entregar listas de candidatos mal conformadas para esas regiones. La sensación de exclusión podría profundizar la polarización política y el malestar general en el país, a menos de un mes de las elecciones.
Participación en Riesgo. Históricamente, Bolivia ha mantenido una alta participación electoral, superior al 80%, debido al carácter obligatorio del voto. Sin embargo, las elecciones judiciales han sido una excepción, con tasas de participación mucho más bajas, mostrando el rechazo de la ciudadanía a este tipo de procesos. En esta tercera versión, la suspensión parcial podría empeorar aún más la apatía electoral, agravada además por la falta de claridad sobre la continuidad del proceso y las decisiones futuras del Tribunal Constitucional que podrían desincentivar la participación no solo en este proceso, sino también en elecciones futuras.
Ante esto y para evitar un mayor daño al proceso electoral y a la confianza ciudadana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe tomar medidas inmediatas para comunicar de forma clara y transparente las razones de la suspensión, subrayando que la responsabilidad también recae en la Asamblea Legislativa por haber presentado listas mal conformadas, y debe informar oportunamente a los ciudadanos sobre cómo se desarrollará el proceso en los departamentos afectados y qué papeletas estarán disponibles para votar. Es su responsabilidad informar para que la ciudadanía tenga una idea de cómo votar el 15 de diciembre.
El Tribunal Supremo Electoral deberá poner en conocimiento del electorado, de manera permanente, la nómina de las candidatas y de los candidatos que fueran inhabilitados, por medio de su portal electrónico y otros canales de comunicación institucional. Eso dice su reglamento. Por lo tanto, debe dar detalles sobre los candidatos que enfrentaron demandas de inhabilitación y los criterios aplicados para mantenerlos en carrera.
Garantizar el ejercicio del derecho político de control social en las diferentes etapas del proceso electoral es también una obligación del TSE, por lo que debe involucrar a la sociedad civil y a observadores nacionales e internacionales para monitorear el proceso y contribuir a la transparencia para recuperar algo de confianza.
Y, finalmente, el TSE debe abordar reformas electorales. El OEP, como órgano estatal, tiene la facultad de proponer reformas al sistema electoral judicial para evitar que intervenciones politizadas del TCP sigan vulnerando procesos democráticos.
Cómo votará la ciudadanía el 15 de diciembre no solo es responsabilidad del TSE pero, si no gestiona adecuada y oportunamente la suspensión parcial de las elecciones judiciales, estará contribuyendo a profundizar la crisis de confianza ciudadana hacia el sistema electoral y judicial. Al TSE le toca demostrar, a tres semanas de las elecciones, que puede garantizar un proceso mínimamente transparente y participativo, devolviendo a los ciudadanos la idea de que sus derechos democráticos serán respetados.
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Sandra Verduguez es Comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
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