Luciana B. Miranda Serrano
Tras varias semanas de bloqueos de carreteras en el país y un reciente cuarto intermedio, cargado con amenazas de reanudarse si no se cumplen ciertas exigencias, surgen cuestiones respecto a los límites del ejercicio del derecho a la protesta y una consecuente represión respecto al mismo.
No es novedad que ante los conflictos que caracterizan a Bolivia, se ejerzan diferentes medidas de protesta persiguiendo determinados fines, ¿pero son éstos legítimos? ¿justifican el daño y la crisis en la que se encuentra el país a raíz de estas medidas? ¿la represión ejercida o la que se plantea es legal?
Sin duda resulta complejo determinar la legitimidad de los fines que persigue una determinada medida de protesta, pues no existe un criterio uniforme para poder hacerlo. Sin embargo, es preciso señalar las consecuencias que éstas tienen para el ejercicio de diferentes derechos fundamentales.
El reciente bloqueo de carreteras, junto a los escenarios violentos que se pudieron observar, mismos que, por cierto, dejan de enmarcarse dentro del derecho a la protesta “pacífica”; han dejado múltiples consecuencias para diversos sectores de la población. El primero de ellos y quizás el más perceptible es la escasez de combustible y alimentos; y a su vez las agresiones que han sufrido los periodistas en el ejercicio de la labor que desempeñan, la de informar a la sociedad.
A raíz de todo aquello, es claro notar que no se justifica de ninguna manera el perjuicio integral que están ocasionando estos bloqueos, ya que la crisis económica afecta a todos; y a su vez, la violencia ejercida en contra de los periodistas, denota la vulneración al derecho a la libertad de expresión y prensa, como también el derecho de las personas a mantenerse informadas.
Por otro lado, se han empleado mecanismos de represión para poder dar fin con estas medidas de protesta, es así que agentes estatales se desplegaron para levantar los bloqueos, empleando gases lacrimógenos para dispersar a las personas. En el marco de la normativa que resguarda el derecho a la protesta esta sería una medida que vulnera el ejercicio de este derecho; pero irónicamente, el sector que se encontraba bloqueando utilizó explosivos y otro tipo de armamento, con el que pudo evitar el levantamiento del bloqueo, lo que se aparta de los parámetros de una protesta pacífica.
De ese modo, habiendo establecido las consecuencias que acarrean los constantes bloqueos, ¿la represión podría justificarse? y si es así, ¿cuál sería el límite para evitar que se vulnere el derecho a la protesta?
Es evidente que los escenarios conflictivos del país generan la necesidad de cuestionarse el ejercicio irrestricto del derecho a la protesta y los fines que lo impulsan, pues colisiona con el ejercicio de otros derechos en perjuicio de la sociedad. Asimismo, es necesario que el empleo de medidas que contrarresten o repriman las diferentes formas de protesta observen límites para evitar el uso abusivo de la fuerza estatal.
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Luciana B. Miranda Serrano es integrante del colectivo de defensores de Derechos de Chuquisaca, investigadora y estudiante de Derecho.
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