Claudia Terán
En Bolivia, la violencia sexual sigue siendo uno de los problemas más graves de derechos humanos, afectando especialmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres. El Estado boliviano aún tiene mucho por hacer para cumplir con los estándares internacionales que garanticen justicia y protección a las víctimas. Para erradicar este tipo de violencia, no basta con sanciones penales; se requiere una transformación estructural que aborde de manera integral las causas y consecuencias de estos delitos.
Uno de los estándares más urgentes que Bolivia debe cumplir es incorporación del consentimiento como elemento central al tipificar el delito de violación. Durante años, la legislación ha exigido pruebas de violencia física o intimidación para configurar una violación, lo cual contraviene los estándares internacionales de derechos humanos. Según estos, el consentimiento debe ser libre, claro y expresado sin coacción, y el Estado debe garantizar que cualquier acto sexual sin este consentimiento sea considerado violación.
Otro aspecto crucial es el tratamiento autónomo del incesto en el marco legal. Hasta ahora, este tipo de abuso, que tiene un impacto emocional y psicológico devastador, ha sido tratado como una agravante dentro de los crímenes sexuales, pero no como un delito independiente. Bolivia necesita reconocer el incesto como un delito particular, con un enfoque especializado que considere la traición a la confianza familiar y la vulnerabilidad de las víctimas, muchas de ellas menores de edad. La gravedad de este delito requiere un tratamiento diferenciado, tanto en términos de prevención como de sanción.
Asimismo, Bolivia debe abordar la eliminación del delito de estupro, una figura jurídica que ha perpetuado estereotipos de género y minimizado la gravedad de los abusos sexuales cometidos contra adolescentes. La definición de estupro, basada en la seducción y el engaño, ha invisibilizado las profundas asimetrías de poder y las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran muchas víctimas jóvenes. Este enfoque no solo resulta insuficiente desde un punto de vista legal, sino que ha contribuido a crear una jerarquía entre los delitos sexuales que desvaloriza la violencia sufrida por las adolescentes. Superar esta tipificación es crucial para avanzar hacia un sistema que no tolere ningún tipo de violencia sexual.
Asimismo, es fundamental eliminar la jerarquización de los delitos sexuales. Durante mucho tiempo, ciertos delitos, como el estupro, han sido tratados con menor gravedad que otros crímenes sexuales. Esto no solo perpetúa estereotipos de género, sino que también deja desprotegidas a las víctimas adolescentes, al no reconocer plenamente la violencia a la que son sometidas. Bolivia debe equiparar todos los delitos sexuales en términos de gravedad, para que ninguna víctima quede sin la protección que merece.
A nivel preventivo, el Estado boliviano también debe implementar políticas públicas de educación que ataquen las raíces de la violencia sexual. La violencia no solo ocurre en el ámbito privado, sino que está profundamente enraizada en estructuras sociales que perpetúan las desigualdades de género y el abuso de poder. Es esencial que se desarrollen programas educativos desde una edad temprana que promuevan el respeto al consentimiento, la igualdad de género y el derecho a una vida libre de violencia. Además, el Estado debe lanzar campañas de sensibilización en todas las esferas de la sociedad para erradicar estereotipos que normalizan el abuso sexual.
Un aspecto igualmente crucial es la capacitación de operadores judiciales y de todas las instancias que interactúan con víctimas de violencia sexual. Demasiadas veces, las víctimas han sido revictimizadas al intentar buscar justicia. Jueces, fiscales y policías deben ser formados con una perspectiva de género que les permita tratar los casos de violencia sexual con la sensibilidad y el respeto que requieren, y asegurar que las denuncias sean tratadas con seriedad y rapidez. La falta de formación adecuada en estas instituciones solo perpetúa la impunidad y desalienta a las víctimas a buscar justicia.
La violencia sexual no puede ser tratada como un problema aislado ni solo como una cuestión de sanción penal. Se requiere un enfoque integral que transforme las estructuras que perpetúan esta violencia, tanto en el ámbito legal como en el social.
Solo a través de un compromiso decidido, el Estado podrá garantizar un entorno seguro para quienes han sido históricamente más vulnerables, y trabajar hacia un futuro donde la violencia sexual no sea tolerada ni normalizada en ninguna forma.
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Claudia Terán es abogada especialista en Derechos Humanos.
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