Frontis de la Fiscalía General en Sucre. Foto: FGE
ANF
Ramiro Orías, integrante del equipo de la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF), instó a que la Fiscalía tenga una autonomía real y no sólo nominal frente a los demás poderes del Estado, y que la institución se enmarque en la defensa del interés público y no del Estado ni de los políticos.
“Hay la necesidad de que esta autonomía no solamente sea formal, sino sea una autonomía real frente a los otros poderes públicos, frente a otro tipo de intereses, frente a grupos de presión, frente a poderes fácticos, económicos, creo que ese tiene que ser el lente con que la Asamblea Legislativa tome la decisión de seleccionar al Fiscal General que viene”, dijo el especialista en el Foro Internacional Designación de Autoridades para los Ministerios Públicos en América Latina, Buenas prácticas y desafíos.
En Bolivia se lleva a cabo la elección del Fiscal General del Estado con 38 candidatos en carrera en la etapa de evaluación oral. Activistas cuestionaron que los candidatos seleccionados para el cargo sean, en su gran mayoría, “funcionarios de cabecera” del gobierno de turno, con perfiles y trayectorias negativas y sin ningún tipo de independencia ni credibilidad que garantice un servicio para la sociedad.
“Para la sociedad no es ninguna garantía que el nuevo fiscal que sea elegido realmente cumpla su rol de legalidad y de protección a la sociedad”, dijo a ANF la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
Orías indicó que la Fiscalía autónoma es una demanda de muchos años de la institucionalidad democrática del país, y que hoy, con este proceso de selección para elegir al Fiscal General, “tiene una nueva oportunidad para renovarse y continuar avanzando en esa senda”.
Explicó que el proceso de construcción de un Ministerio Público autónomo es de larga data, donde por lo menos en los últimos 30 años “el país ha ido dando pasos importantes en busca de una consolidación institucional, una fiscalía autónoma”.
“Recordemos que, como legado del periodo militar, la Fiscalía prácticamente era una dependencia del Ministerio de Gobierno, estaba sujeta al poder político, el fiscal general era designado por presidente de la república mediante Decreto Supremo”, refirió.
Indicó que en los acuerdos para la modernización del Estado en 1992, donde se definieron parte de las reformas institucionales más importantes como la Corte de los Notables en el sistema electoral, se empezó a discutir la reforma que finalmente se promulgó en 1997, donde se creó el Tribunal Constitucional y la primera ley del Ministerio Público que establece que el fiscal es designado por el Presidente de la República de una terna.
En el año 2000 con la Reforma Procesal Penal se adecúa el desempeño del Ministerio Público a los nuevos tiempos y se aprueba la Ley Orgánica 2175, donde “ya se le quita al presidente la capacidad de designar al fiscal general y se establece que va a ser designado por dos tercios de votos del Congreso Nacional”.
La Constitución de 2009 establece en su artículo 225 que el Ministerio Público tiene autonomía funcional administrativa financiera y que la designación será por los dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa, pero además se establece que “tendrá que haber un concurso público y calificación de la capacidad profesional de méritos”, por lo tanto, agregó Orías, “el sistema que el país ha ido desarrollando busca construir una mejor consolidación de las condiciones institucionales que aseguren esa autonomía principalmente frente al poder político”.
Sin embargo, destacó, si leemos algunos informes de diversos organismos internacionales, el propio informe del GIEI, de la CIDH, el informe del relator especial de NNUU para la independencia de jueces y abogados, “reclaman la necesidad de profundizar la autonomía de la Fiscalía y de su rol a su mandato constitucional”.
El abogado constitucionalista Jorge Quiroz observó que las actuales condiciones no garantizan la elección de un fiscal general independiente del poder político. Dijo que si uno de estos postulantes sale elegido solo significará un riesgo para la sociedad y no será ninguna garantía para hacer justicia.
“El riesgo es que, si salen elegidos, la garantía es cero por la calidad de postulantes que hay en estos momentos. Definitivamente, todos, absolutamente todos, tienen y obedecen al partido de gobierno, que es el que está interviniendo y está poniendo a todos sus funcionarios de cabecera en puestos claves”, indicó Quiroz a ANF.
El jurista refirió que lo mismo sucede con la elección de magistrados, donde todos tienen una participación política dentro del Gobierno, ya sea nacional como internacional. Observó que muchos de los candidatos sean funcionarios públicos, que durante los años han demostrado su compromiso y lealtad con el partido de gobierno y no con la población, por lo que no hay garantía que el próximo elegido sea el más probo.
Fiscalía como defensora del interés público
Orías indicó que también hay que matizar que la Constitución Política de 2009 establece la creación de la Procuraduría General como la instancia en representación jurídica de los intereses del Estado y el Ministerio Público con el rol de la defensa de los intereses de la sociedad, sin embargo, “esta visión de que la Fiscalía tiene que defender el interés público, vemos que hay un divorcio entre la normativa y la práctica”.
“La Fiscalía muchas veces sigue actuando en la defensa de los intereses del Estado, sigue actuando en la defensa inclusive de intereses políticos, estos informes (de organismos internacionales) también establecen que el Ministerio Público juega un rol importante en la persecución política debido al uso que se hace de la justicia penal para perseguir selectivamente a opositores, a disidentes”, apuntó.
El rol que tiene que tener esta Fiscalía en aspectos clave como la lucha contra la corrupción, la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, agregó Orías, “hace que estas condiciones de autonomía tengan inicio por el proceso de selección del fiscal”.
“Vemos por ejemplo en contextos de conflicto social que la Fiscalía juega un rol muy activo en la persecución de los manifestantes, pero nunca se escucha que tenga un rol en la misma intensidad para investigar las violaciones que se dan por el exceso de uso de la fuerza, en la represión de estas manifestaciones, en ese sentido vemos que la Fiscalía autónoma es una demanda de muchos años de la institucionalidad democrática del país”, apuntó el especialista.
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