Daniel Espinoza
“Cuando voy a los pueblos, quedan todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice EVO CUMPLE”. Ya en el 2011, Morales nos mostraba una faceta que hoy nos preocupa, pero que conocemos hace mucho tiempo.
El escándalo por la denuncia penal de estupro y trata de personas contra Evo, surgido en los últimos días, es una repetición de dos episodios anteriores en los que menores de edad estaban a merced de un adulto acusado de abusarlas sexualmente. Este escenario ha indignado a la población y ha develado a un grupo de personas que están dispuestas a omitir esta ofensa, defendiendo al expresidente sin importar su responsabilidad. Para agudizar la molestia generalizada, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ha destituido a la Fiscal Departamental de Tarija, quien emitió una orden de aprehensión contra Morales ante la denuncia. Con estos antecedentes, debemos cuestionarnos sobre el compromiso del Estado con el ejercicio de derechos.
Por un lado, el proceder de la destituida fiscal de Tarija ha sido una luz en un laberinto oscuro. La ineficiencia de las instituciones y operadores de justicia, sumada a un sinfín de irregularidades y denuncias de corrupción en todos los niveles, han convertido al Órgano Judicial en un circuito de peregrinaje que pocas veces resulta beneficioso. En este escenario, devastador desde donde se vea, la conducta de la fiscal ha sido castigada con vehemencia, mostrando una vez más que las acciones de la función pública no deben responder al bienestar de la sociedad, sino a los intereses de unos cuantos.
Se ha hablado mucho de su sumisión/alianza de Lanchipa con el “evismo”, al haber actuado de manera urgente y categórica contra la autoridad tarijeña. Si bien este criterio goza de lógica, no debemos olvidar que, el 2019, el mismo fiscal general emitió una orden de aprehensión contra Morales, Arce Zaconeta, Quintana, y detuvo a Romero, todos ex ministros del entonces presidente. Es verdad que estas acciones carecieron de contundencia, generando denuncias de corrupción contra Lanchipa, pero también muestran el rostro mercenario compartido por las autoridades judiciales. Recordemos que el Tribunal Constitucional que avaló a Añez es el mismo que festejaba en fiestas privadas con la cúpula de poder de Morales, usando bienes del Estado para fines propios, el mismo que se ha autoprorrogado en el gobierno de Arce.
En este escenario, debemos cuestionarnos sobre la viabilidad de la acción judicial contra el expresidente. Con todos los factores discutidos, la posibilidad de que una acción penal contra Morales proceda es prácticamente nula. No se ha logrado en anteriores gestiones y nada hace pensar que se logrará ahora. Una vez más, nuestro sistema se inclinará por la impunidad y la víctima quedará desamparada, con el riesgo de que los grupos de poder que rodean al denunciado tomen represalias contra ella.
El escándalo nos aturde, ocupa nuestra atención y provoca reacciones viscerales, acaparando la agenda política y mediática. Estos suelen ser utilizados para desviar nuestra atención de otros temas que también afectan a la sociedad, y buscan hacerlos pasar desapercibidos. No dejaré de mencionar la catástrofe ambiental que estamos viviendo. Hoy se han reportado 24.124 focos de calor, más del doble de los reportados hace casi dos meses, y cada vez sabemos menos de lo que está ocurriendo tras una declaración tardía de desastre nacional. }
Que la justicia cobije a las víctimas de Morales, y que no se olvide de nuestro planeta.
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Daniel Espinoza es abogado y politólogo, comprometido con la defensa de los derechos humanos.
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