Daniel Espinoza
Han pasado ya varias semanas desde que explotó la crisis ambiental ante la enorme cantidad de hectáreas incendiadas en la zona tropical de Bolivia. Pese a la indignación, reclamos y protestas generalizadas, las medidas tomadas por los encargados de mejorar esta situación no han sido suficientes. Es más, en esta última semana, el aire paceño ha vuelto a caer en escalas de contaminación preocupantes, pese a estar a cientos de kilómetros de las zonas afectadas. No puedo imaginarme el infierno que están viviendo todos los seres vivos que están en el epicentro de los incendios. Ante las acciones y omisiones estatales, nos queda claro que esta situación es permitida y negociable por los tomadores de decisiones.
El sábado 28 de septiembre, tras una reunión de diálogo entre el ministro de Medio Ambiente y Agua, otras autoridades y los interculturales, se determinó sectorizar las zonas en las que se permitirá el chaqueo, como también la reducción de las multas por quemas no autorizadas. Esto quiere decir que los tímidos Decretos Supremos 5203 y 5225, perdieron su rigor y naturaleza de protección menos de 20 días después de su promulgación. Esta negociación es particularmente llamativa porque, además de evidenciar una vez más el desinterés del gobierno por el medio ambiente, muestra un retroceso de la posición gubernamental ante las exigencias de un grupo que ha sido opositor y beligerante contra Luis Arce y su gestión.
Esta negociación no solo demuestra el divorcio que tiene el gobierno con la protección de la vida, sino que también ofrece indicios preocupantes de una actitud mercenaria que permite tranzar las demandas del pueblo con grupos específicos. La negociación del sábado sienta un precedente nefasto respecto al rumbo político que tendrá este gobierno durante el resto de su gestión, con una posición endeble ante intereses particulares. Se ha demostrado que el interés por la acumulación de poder a través de alianzas estratégicas tiene mucho más peso que el clamor de la mayoría de nosotros.
Ante este escenario, la pregunta sobre qué podemos hacer genera respuestas escasas. La sensación de abandono, indiferencia y angustia, nos genera un escenario desesperanzador y nos muestra que nuestro sistema democrático está tan dañado, que la canalización de los intereses sociales está atrofiada.
A esto se debe agregar que otros poderes o intereses que no son públicos también utilizan sus influencias y extienden tentáculos para influir en la población. No es extraño ver cómo grupos de la población defienden prácticas industriales nocivas acudiendo, incluso, a discursos y posiciones xenófobas, sin reconocer que los grandes responsables de este problema son los empresarios agroindustriales y ganaderos del oriente. No podemos taparnos los ojos ante la preferencia que ha tenido este grupo de poder en los gobiernos durante décadas, y que los principales responsables de esta situación son ellos. Su condición de líderes dadivosos, ejemplares y protagonistas del modelo económico cruceño se desmorona si analizamos los beneficios que han recibido a costa de las arcas del Estado y, peor aún, gracias a esta masacre.
Mientras no entendamos que nuestro héroe también debe ser interpelado, que nuestras posiciones deben ser analizadas constantemente, y que la única forma de hacer democracia es a través del diálogo plural, constructivo y crítico de los grupos de poder, no llegaremos a ningún lado y nos hundiremos más en la crisis política, económica, social y ambiental que estamos atravesando. Es imperante que entendamos que ningún poder es gratuito ni inmaculado, y que nuestro deber como sociedad es fiscalizar cualquier decisión que se tome, porque los tomadores de decisiones, desde su posición de poder, tienden a buscar beneficios propios, como podría pasar con cualquier de nosotros si no somos regulados. La población que lucha, trabaja y sufre estas crisis diariamente debe asumir el rol de fiscalizar a las personas poderosas con las que más se identifican. Nuestro rol democrático implica muchos derechos, pero también el deber buscar el diálogo entre divergencias.
Se vienen tiempos oscuros y difíciles. No sé si sea posible evitarlos, pero sí he visto un pueblo que trabaja y lucha. He visto gente que se esfuerza y muestra dignidad en todas las facetas de su vida. Asimismo, he visto contradicciones en mí mismo y en mi entorno. He visto cansancio y desesperanza, pero sé que tenemos la capacidad de protestar y exigir cambios ante la clarísima tranza entre poderes, que negocian para asegurarse su posición de privilegio a costa de nuestros derechos. Escuchar y ser escuchados es derecho y deber a la vez, debemos asumir nuestra responsabilidad de dialogar para entender que ninguno de los que se sube a la palestra está libre del control y que debe responder por los recursos de los que dispone.
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Daniel Espinoza es abogado y politólogo, comprometido con la defensa de los derechos humanos.
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