Tapa del libro Latindad. Tomada de Internet
Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, mediante una carta pública, exigieron al Gobierno debatir su modelo de desarrollo basado en el extractivismo y la agroindustria, y, ante dicho pronunciamiento, surgieron voces a favor y en contra. El documento también expresa otras demandas, como la declaratoria de desastre para conseguir recursos y frenar los incendios, así como sancionar a los responsables.
«No, no estoy de acuerdo en cambiar el modelo económico de desarrollo (…) Este modelo está reflejado en la Constitución Política del Estado (CPE), que además ha dado resultado en todo este tiempo. Ellos (los firmantes) no proponen con exactitud qué tipo de modelo económico quieren implementar, le veo más como una carta política, yo creo que deberían dejar los temas políticos y profundizar el modelo económico que está en la Constitución», señaló el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, cuando se le consultó sobre la carta.
Respecto a la propuesta de anulación de las leyes que permiten la quemas, Cuellar indicó que deben ser los productores y ganaderos quienes deben decidir principalmente, ya que les afectaría de forma directa.
«No es solamente anular, se tiene que ver que no afecte la economía de los productores, porque hay personas que proponen derogar, pero no son productores. Yo creo que las personas que están en el rubro, como los ganaderos, arroceros, productores, agropecuarios, empresarios y pequeños productores, con el Gobierno, son los que tienen que decir, no cualquier ciudadano. Imagínese que no produzca nada, con qué moral va a decir que se deroguen estas leyes que hacen daño al medio ambiente», añadió.
Consultado sobre si el modelo de desarrollo actual va en contraposición al principio de cuidado de la «Pachamama», el diputado manifestó que sí se cuida a la Madre Tierra y que «para eso están las reservas naturales».
La carta pública a la que se adhirieron 130 organizaciones estuvo dirigida al presidente de Bolivia, Luis Arce; al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca; y, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, y tiene un total de diez exigencias.
PDF Embedder requires a url attributeAl respecto, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Toribia Lero, se comprometió a monitorear de cerca la situación y a presionar por un debate que considere las preocupaciones de la sociedad civil.
«(Debatir sobre el nuevo modelo de desarrollo) es el objetivo mayor, es el horizonte que tenemos, sobre todo los pueblos indígenas y la gente que apuesta por la vida (…), la salud de la gente, la salud de la madre de la tierra depende de un medio ambiente sano. Entonces, estamos muy de acuerdo en que tiene que haber un nuevo modelo de desarrollo porque la abrogación de las leyes sólo es un paliativo para frenar los incendios, así como la pausa ambiental del Presidente, después el propósito de ellos es continuar con el ecocidio, con el etnocidio», expresó.
Acotó que el modelo extractivista está acabando con las tierras y aguas de las zonas altas, pues la minería sólo deja mercurio, cianuro y otros metales pesados contaminantes para el medio ambiente y para la gente.
Lamentó que el partido del MAS desvíe la atención de los incendios con el tema político, pues en la actualidad una marcha encabezada por Evo Morales se dirige a la ciudad de La Paz, mientras tanto el presidente Luis Arce advirtió un posible golpe de Estado.
«Ahora, justo en plena crisis ambiental, a los evistas se les ocurre realizar una marcha, pero una marcha golpista. La gente ha llevado su mirada a eso, cómo va a llegar a El Alto, si va a haber más problemas y una crisis política. Todo eso está ahorita como una cortina de humo para el tema ambiental», manifestó.
Este seguimiento busca garantizar que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y que se aborden los riesgos ambientales y sociales asociados con el modelo de desarrollo vigente.
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