Carlos Derpic
Hay modus operandi que identifican indubitablemente a los regímenes dictatoriales que existen a lo largo y ancho del planeta. Algo que caracteriza a varios de ellos, es que hacen uso de la democracia liberal para acceder al poder y luego la destruyen para perpetuarse en él. En ese afán no para mientes en perseguir no sólo a opositores, sino también a todo aquel que no cumple las órdenes del “mesías” de turno, sea este exguerrillero, pseudo indígena, “líder nato” o lo que fuese.
La persecución de opositores, disidentes y libre pensantes puede adquirir varias formas, como por ejemplo las detenciones practicadas en acciones represivas destinadas a impedir reclamos de cualquier tipo, como sucedió en Cuba hace un par de años, en Bielorrusia en 2020 o sucede actualmente en Venezuela frente al fraude descomunal de Maduro y sus muchachos; que son continuadas por procesos judiciales en los que se anula el derecho a la defensa y el debido proceso, comenzando por el sometimiento de la “administración de justicia” al Órgano Ejecutivo; y que pueden ser el inicio de un calvario como el que, por ejemplo, vivieron José María Bakovic y Marco Antonio Aramayo en Bolivia.
Algo así está sucediendo, desde hace varios años, en Nicaragua como lo dio a conocer el sitio “infobae.com” que ha publicado el pasado sábado una nota titulada “Los presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega se niega a liberar”, respecto de los cuales (diez en total) el abogado defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, ha dicho que están condenados a morir en las cárceles de la dictadura.
Se trata de Marvin Vargas (“Cachorro”), Wilfredo José Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruiz, Zacarías Isabel Cano Angulo, José Ricardo Cortez Dávila, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Rosendo Antonio Huerta González, José Olivar Meza Raudez, Jairo Alberto Obando Delgadillo, y Leonel Antonio Poveda Palacios, cuyas edades oscilan entre los 42 y los 69 años. El primero de ellos, antiguo compañero de Ortega, fue encarcelado en 2011 por haber reclamado contra el incumplimiento del gobierno a las promesas en favor de los veteranos de guerra. Los otros nueve fueron acusados del ataque a buses llenos de simpatizantes sandinistas que volvían a Managua luego de la celebración del 35 aniversario de la revolución sandinista, el año 2014.
Vargas fue condenado sucesivamente en diferentes procesos que se iniciaron con uno de supuesta estafa a dos personas que nunca se presentaron a juicio y seguido por otros igualmente inventados. Cuando algún juez ordenaba su libertad por haber cumplido su pena, inmediatamente se iniciaban nuevos procesos que tornaban imposible su liberación. Los otros nueve fueron condenados a penas que van de 10 a 133 años de presidio y con el mismo modus operandi si se ha cumplido la pena que se les impuso: nuevos procesos que tornan imposible su salida de la cárcel. Poco importa si se trata de personas mayores o enfermas. La orden del dictador y su inefable esposa es siempre la misma: no pueden salir libres.
“Pido clemencia desde la cárcel. Estoy enfermo, no puedo respirar, tengo problemas en el corazón… les pido a las personas que me tienen aquí que me lleven al médico, porque ya cumplí mi condena… No quiero salir en una caja, por eso les pido humildemente que me saquen… y perdonen todo el daño que les pude causar…”, escribió hace algunos años “Cachorro” Vargas. Ni esto conmovió a los dictadores, Vargas sigue encarcelado.
Vayamos ahora a Bielorrusia, país en el que el periodista Roman Protasevich, ex director del medio que mostró al mundo la represión de Mins durante las protestas de 2020, luego de la fraudulenta sexta reelección del dictador Aleksandr Lukachenko, fue detenido después de que el avión en el que viajaba con su novia desde Grecia a Lituania fue obligado a aterrizar en Bielorrusia. Protasevich y otras tres personas (includia su entonces novia) fueron acusados de 1586 delitos, entre ellos terrorismo y conspiración para tomar el poder del Estado. En mayo de 2023 fue indultado por el dictador, luego de haber confesado que fue utilizado por la oposición para fines contrarios a la seguridad nacional. Su exnovia continúa encarcelada.
La omnipotencia del Estado, que fue postulada por la “razón de Estado” se ha elevado a la enésima potencia en épocas del stalinismo en la ex Unión Soviética, práctica que fue lamentablemente aplicada en prácticamente todos los países que formaron parte del bloque de poder soviético a la conclusión de la segunda guerra, y se mantuvo (y se mantiene hasta nuestros días) en los países que formaron parte de la URSS y en sus epígonos del llamado “socialismo del siglo XXI”.
Precisamente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nacido en 1948 luego de las barbaridades realizadas por los nazis, es un instrumento para evitar esta crueldad infinita, y todos deberíamos preocuparnos por mantener su vigencia.
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Carlos Derpic es abogado
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