Comunarios del Ayllu Acre Antequera. Foto: Qhana Pukara Kurmi
ANF
Pasaron más de dos años de la brutal agresión cometida por mineros a comunarias del Ayllu Acre Antequera en Oruro y hasta la fecha no existe ninguna acción judicial ni de las instituciones del Estado para sancionar estos delitos. La impunidad ha permitido que los tres sindicatos mineros y sus empresas que operan en la zona de manera ilegal realicen sucesivos ataques a los pobladores y continúen avasallando áreas de cultivo y pastoreo, con destrucción de las venas de agua y contaminación de la tierra.
“A pesar de que se ha hecho las denuncias correspondientes en la jurisdicción ordinaria contra los mineros, también denuncias en la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), en el Ministerio de Minería, en la Defensoría del Pueblo, hasta hoy no tenemos respuestas”, dijo a ANF la abogada Beatriz Bautista.
En mayo de 2022 los comunarios del Ayllu Acre Antequera iniciaron un bloqueo de caminos para cerrar el dique de colas de la empresa Illapa por haber incumplido todos los acuerdos con la comunidad e ir avasallando, contaminando y secando los afluentes de agua. Las tres semanas de bloqueo fueron cortadas abruptamente cuando los mineros, el 7 de junio por la noche, atacaron a la vigilia compuesta principalmente por mujeres e incendiaron sus carpas y pertenencias, robaron sus garrafas y enseres alimenticios como arroz, fideos, aceite. Seis mujeres quedaron gravemente afectadas hasta con cinco días de impedimento, de acuerdo al médico legista.
En esa región opera la empresa minera Illapa, representante de una firma transnacional, y dos sindicatos mineros: Totoral y Avicaya, todos ingresaron al lugar sin consulta previa. Con el tiempo, el sindicato minero Avicaya conformó la empresa La Salvada Sociedad Colectiva y pese a no tener ninguna autorización para operar en el lugar, contrato a la empresa minera internacional Meraki que viene ocupando y destruyendo áreas de pastoreo.
“Son tres sindicatos poderosos en la zona que ejercen violencia bajo la mirada cómplice de los alcaldes de Pazña y Antequera que no exigen ni el cumplimiento de sus regalías”, agregó Bautista.
Pero el conflicto se remonta a cinco años atrás cuando en 2017 la minera Illapa, de la canadiense Glencore, inició un proceso penal a dos autoridades del Consejo de Justicia de la jurisdicción indígena, las criminalizó acusándolas de avasallamiento en área minera y a partir de ahí comenzó una persecución judicial.
“La lucha de la comunidad Ayllu Acre Antequera se inicia desde el año 2017, donde las autoridades indígenas comienzan a reclamar por la contaminación del agua, la desertificación de la zona, el trato prepotente a los comunarios que no tienen derecho a trabajar en las mineras, sino la minera se trae trabajadores de otros lados, menos de la comunidad”, denunció.
La explotación minera subterránea que realiza la empresa Illapa, a 430 metros de forma vertical, viene afectando a las ocho comunidades que conforman el Ayllu, por la ruptura de todas las venas y fuentes que solo deja que fluya desde el fondo de la mina agua contaminada que va al dique de colas.
“Todas las comunidades están siendo afectadas y este dique de colas que está en Queaqueani Grande está a cielo abierto y ahí están flotando barriles con cianuro, y cuando se seca este dique de colas, la copajira se arrastra por todo el sector contaminando las tierras, contaminando el suelo, afectando la producción, allí ya ha desaparecido la crianza de camélidos, hay muy poca producción, se está volviendo un desierto, la gente está abandonando el lugar”, señaló la jurista.
La empresa Illapa que opera la mina Bolívar está asentada en el territorio de la comunidad Antequera, mientras que el sindicato Totoral opera en territorio de las comunidades Total Grande y Totoral Chico y el sindicato Avicaya opera en Totoral Chico, ambas zonas gravemente afectadas en tierra y agua por la contaminación minera.
La imagen del minero de otros tiempos de revolucionario y que aporta al interés nacional ha cambiado al de golpeador de las comunidades y depredador del medio ambiente, asegura la jurista. Pese a no tener autorización para operar, los mineros en el Ayllu Acre Antequera reciben el apoyo de la Federación de Mineros de Bolivia y de la Central Obrera Bolivia (COB) y no hay autoridad que pueda revertir esa situación. Los comunarios reconocen que la batalla es muy difícil, más aún si los mineros gozan del respaldo del Gobierno de turno, al ser sus aliados.
Suman las agresiones y avanza el avasallamiento
El pasado 3 de abril una comisión del Ministerio de Medio Ambiente ingresó al lugar para hacer una inspección sobre las denuncias realizadas por los comunarios, pero fueron impedidos por los sindicatos mineros de Avicaya, Totoral y Bolívar de Illapa. Desde entonces, la inspección quedó paralizada.
El 5 de abril mujeres de la comunidad Totoral Chico, entre ellas adultas mayores, organizaron una vigilia pacífica para protestar por la acción de los mineros y fueron agredidas y desalojadas violentamente por parte del sindicato Avicaya. El sindicato ingresó de forma ilegal a zonas de pastoreo común de la comunidad de Totoral Chico.
“Ese día nos hemos movilizado para llamar a la Policía para que les preste auxilio, pero nos ha negado, llamamos a la Defensoría del Pueblo y llegó cerca de las 3 de la tarde, y en vez de reunirse con la comunidad, se fue con los mineros, a eso de las 7 de la noche, a mucha insistencia, va a la casa comunal, la reunión debió terminar a las 9 de la noche, se retira el Defensor del Pueblo con sus escoltas policías, pese a que se pidió que se queden a resguardar, y cuando se van comienza nuevamente la violencia hacia la comunidad, especialmente hacia las mujeres, con dinamitados en sus patios, les han cercado sus domicilios, ha sido devastador, a las tres de la mañana del 6 de abril 11 mujeres y dos niñas tuvieron que huir de la comunidad Totoral Chico para salvar sus vidas”, contó la abogada.
El 9 de abril los comunarios presentaron una Acción de Libertad en Oruro para resguardar el derecho a la vida, el resguardo a la seguridad física y la restitución de las mujeres a su comunidad. El juez séptimo Odal Herrera el 11 de abril denegó la Acción de Libertad para las mujeres.
“Desde esa fecha hemos peregrinado, ha habido conferencias de prensa, nos hemos reunido con el Defensor del Pueblo nacional, hemos visitado a la senadora Requena, a la diputada Toribia Lero, también hemos estado haciendo denuncias a instancias internacionales como al ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), a las relatorías, pero hasta hoy no hay justicia para las mujeres de la Ayllu Acre Antequera de la comunidad Totoral Chico”, lamentó.
La impunidad ha permitido que los mineros sigan avanzando en su avasallamiento a zonas de cultivo y pastoreo, contaminando la tierra y secando los afluentes de agua, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.
“La AJAM no hace nada, la Defensoría del Pueblo no hace nada, la justicia no hace nada, el Ministerio de Minería no hace nada, todos se tiran la responsabilidad de un lado para otro y ahí sigue avanzando el avasallamiento a estas áreas de pastoreo colectivo”.
El 20 de mayo ocurrió otro avasallamiento al terreno de dos adultos mayores donde el sindicato Avicaya derivó una casa y tomó posesión de áreas de pastoreo.
“Hay una total desprotección a los derechos de los habitantes del sector, los mineros gozan de esta protección del mismo gobierno, entonces, es una lucha muy desigual, estamos en estas instancias internacionales para a ver si pueden llamar la atención mínimamente al Estado boliviano por la vulneración a estos derechos humanos colectivos, no olvidemos que somos pueblos indígenas en el lugar y que en ningún momento estas mineras han implementado, ni el mismo Estado, el derecho al consentimiento previo libre e informado”, indicó.
Bautista remarcó que “de ninguna manera, ni siquiera la empresa Illapa, ninguno de estos sindicatos mineros ni el Estado ha implementado el derecho al consentimiento previo e informado” para ingresar a trabajar en territorio del Ayllu.
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