Editorial Sumando Voces
La democracia se ejerce con el voto, pero también con la participación activa de la ciudadanía y una de las maneras de lograr ese objetivo es la transparencia en los asuntos públicos, una quimera tratándose de Bolivia.
En el último tiempo hemos sido testigos de procesos políticos caracterizados por la opacidad y las irregularidades, entre ellos, el de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, el intento fallido de llamar a un referéndum, la convocatoria para elegir a un nuevo fiscal general, la validación de los partidos políticos rumbo a las elecciones generales, además de los que tienen que ver con el Órgano Judicial, como la prórroga de mandato de los magistrados y las investigaciones de los hechos del 2019, donde reina el in-debido proceso y la impunidad.
Vayamos por partes. El proceso de preselección de candidatos judiciales fue de lo más accidentado, tal es así que las elecciones se llevarán a cabo con un año de retraso. Pero, más cuestionable que el plazo en sí mismo, es que el mismo Órgano Judicial puso una serie de trabas para evitar que las elecciones judiciales se lleven a cabo y luego la Asamblea Legislativa terminó elaborando listas plagadas de candidatas aplazadas y “flamantes indígenas”, sólo por cumplir con el requisito de género y autoidentificación indígena.
La realización de las elecciones judiciales es el mal menor o la única vía para reencauzar la constitucionalidad perdida con la prórroga de mandato de los magistrados, pero queda claro que, más temprano que tarde, se debe debatir una nueva forma de elección de las altas autoridades del Órgano Judicial, donde prime la transparencia, la idoneidad y la participación activa de la ciudadanía en el proceso.
El llamado del gobierno a un referéndum, que ahora quedó en suspenso, también estuvo marcado por el intento de forzar las normas, incluso la propia Constitución, para transferirle a la gente obligaciones que deben resolverse en el Ejecutivo (la subvención a los combustibles) o en la Asamblea (reforma constitucional). Finalmente, el tema quedó como un intento de cambiar la agenda política y económica que, de acuerdo a las prioridades de la gente, debería estar centrada en resolver la crisis económica.
Y ahora entró en escena la elección del fiscal general, que debe reemplazar a Juan Lanchipa. El proceso apenas comienza y ya salta a la vista el intento de torcer el camino para beneficiar a algún ciudadano afín al oficialismo. En la elección del 2018, para postular a este alto cargo del Estado había que acreditar la NO militancia en ningún partido político con al menos cinco años previos, pero la ley ahora aprobada solamente indica que el requisito es no militar en un partido, con lo que, algún candidato podría renunciar a su militancia un día antes de postular. De esta manera no se garantiza la independencia de este cargo y, por tanto, los derechos humanos quedan otra vez en vilo y a merced del gobernante de turno.
Y, ¿qué pasa con los partidos políticos que se aprestan a participar en los siguientes procesos electorales? De acuerdo a las normas, deben renovar sus directivas respetando criterios de democracia interna, pero vaya dejadez o falta de consenso, varios de ellos no lo hacen y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), lejos de aplicar la norma, les viene postergando el plazo una y otra vez. En este asunto, el caso más complicado es el de MAS, que enfrenta una división interna y hasta ahora no puede acreditar el requisito.
La lista podría seguir, pero esos botones de muestra bastan para exponer un patrón de laxitud frente a la ley, pero, sobre todo, de acciones políticas que van en contra de los intereses de la ciudadanía.
No está demás recordarles a los funcionarios públicos, electos o designados, que se deben a la ciudadanía porque actúan en su representación. De tal forma que se esperaría de ellos un comportamiento acorde a los intereses de sus representados, lo que pasa necesariamente por la transparencia en sus actos.
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