Hernán Cabrera M.
El ciudadano debe tener la capacidad de interpelar a sus autoridades municipales, departamentales y nacionales, además a los fiscales, jueces, policías y a los que tienen que ver con la educación o formación de sus hijos. Eso se debe a que es su obligación conocer, ejercer y exigir sus derechos humanos, que están establecidos en la Constitución Política del Estado y deben ser plasmados en acciones a través del abanico de leyes nacionales, departamentales y edilicias, que se constituyen en un paraguas para la protección y goce de esos derechos.
Bolivia es un país que está avanzando y está a la vanguardia en materia de derechos humanos. Tiene su Constitución Política con más de 80 artículos referidos a esta materia. Más de cien leyes que arman toda una estructura jurídica, competencial y de exigibilidad de los derechos humanos y que están segmentadas por los grupos sociales: leyes para las personas adultas mayores, para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, para los indígenas, para las personas de la diversidad sexual, para las personas con VIH Sida, para los dirigentes sindicales, para la Madre Terra y sus seres vivos, identificando el grado de vulnerabilidad de estos grupos, además de especificar los delitos que debe atacar y las responsabilidades que tienen las instancias para esos fines.
Bolivia tiene las leyes contra la violencia hacia la mujer; contra la trata y tráfico de personas; leyes de seguridad ciudadana; de control de bebidas alcohólicas; contra el acoso político y sexual; el código de Niño, Niña y Adolescente; la Ley de la Madre Tierra, los estatutos autonómicos, las ordenanzas municipales y tantas otras, pese a que muchas de ellas están archivadas o se cumplan en lo mínimo.
¿Pero será que solo con leyes vamos a detener los delitos? ¿Son suficientes ese montón de leyes a favor de la mujer, de los niños, de los indígenas, de los adultos mayores para protegerlos? ¿Qué está fallando para que esas leyes no se cumplan en la realidad y en las competencias que tienen los gobiernos municipales, las gobernaciones, el sistema educativo y universitario? ¿La justicia está cumpliendo con su delicado papel de administrar como se debe en todos los casos de violaciones, feminicidios, agresiones, infanticidios? ¿El sistema educativo coadyuva a crear conciencia y difundir el conjunto de leyes que favorecen a los estudiantes? ¿Por qué tenemos tantas leyes y la realidad se impone cada vez más con mujeres golpeadas, asesinadas, niñas desaparecidas, niños asesinados, narcotráfico en auge, corruptos libres? ¿Las leyes sirven o no sirven en el Estado Plurinacional? ¿Por qué el boliviano es campeón para exigir leyes para todo, pero las mismas, una vez aprobadas, son archivadas o resistidas a hacerlas cumplir?
¿Los municipios destinan recursos y personal capacitado en sus instancias de derechos humanos y cumplen con sus competencias que establecen las leyes? ¿Las gobernaciones priorizan la inversión en materia de derechos humanos? ¿El gobierno en sus ministerios cumple y hace cumplir las competencias asignadas en las leyes? ¿El sistema judicial es eficiente o cómplice con los que cometen delitos? ¿Quién falla?
¿Serán necesarias mas leyes para cuando ocurre alguna desgracia, los sectores claman y bloquean por un capricho o una ley? Y esto se puede hacer un caos, así como plantea el politólogo y escritor francés, Bertrand de Jouvenel: “Digamos sin ambages que la ola ascendente de las leyes modernas no crea derecho. Estas leyes son la traducción de la presión de los intereses, de la fantasía de las opiniones, de la violencia de las pasiones. Grotescas en su desorden por cuanto son fruto de un poder cada vez más extenso, pero al mismo tiempo cada vez más débil por el choque recíproco de las pasiones. Odiosas en su orden inicuo cuando emanan de un poder concentrado en una mano brutal. No merecen más respeto que el que la coacción les proporciona, son antisociales, porque todas se basan en una concepción falsa y mortal de la sociedad”.
Solo cuatro ejemplos del accionar de la justicia que violan los preceptos de las leyes: un juez de La Paz otorgó detención domiciliaria a tres policías encontrados con las manos en la masa en un caso de robo de mercurio. El juez de Guarayos, Roberto Cruz, otorgó detención domiciliaria sin escolta al que secuestró y agredió a periodistas. El juez Ever Zeballos liberó a violadores de dos casos, y creyéndose con todo el poder, expulsó a una diputada de la audiencia. ¡Qué impotencia, depender de una sola persona para que sea cómplice de los delitos!.
La permanente destrucción de la Madre Tierra, de sus ríos, parques, fauna, a pesar del discurso pachamamista del poder y de la vigencia de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, y que el Tribunal Agroambiental o el Ministerio de Medio Ambiente se hagan los que no vean esta destrucción.
Con esta clase de jueces, se desnuda que las leyes están cada vez más divorciadas no sólo de la inteligencia humana, sino de la esencia del Estado Plurinacional, reflejada en sus mandatos de la Constitución Política, que establece la máxima protección a las victimas y a los grupos vulnerables.
Sin duda, el sistema judicial es fundamental para ir construyendo una mejor sociedad y en un país civilizado, la función judicial “consiste en castigar al criminal y en reparar el daño civil causado por un ciudadano a los derechos de otro. Como consecuencia lógica, esta función implica la posibilidad de adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar el hecho delictivo”, subraya Jouvenel, en su libro Sobre el poder.
Pero, en este país, los fiscales y jueces, en muchos casos, favorecen a los que cometen delitos, no a las víctimas, siendo ésta una causa para el aumento de las altas tasas de delitos de violaciones, agresiones, pedofilia, feminicidios, infanticidios y otros. Ellos que tienen el poder de la justicia, han subyugado el derecho a “juguete e instrumento de sus pasiones” y con ellos, el “derecho ha perdido su alma y se ha convertido en jungla”.
Recordarles a esos señores que la justicia es rectitud y punto.
Así que, de lo que se trata es que ese conjunto de leyes sobre los derechos humanos y combate al delito, se cumpla, la hagan cumplir y asuman sus responsabilidades cada una de las instituciones del Estado Plurinacional.
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Hernán Cabrera es periodista y Lic. en Filosofía
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