Autoridades políticas exponen a los presos sin respetar sus derechos. Foto: ABI
ANF
El abogado penalista Eusebio Vera aseveró que en el país se viene normalizando lo ilegal como las atribuciones que se toman algunas autoridades para actuar al margen de la ley, la vulneración de derechos y las arbitrariedades en la actuación policial.
“Se está normalizando lo indebido, se está normalizando lo anormal y eso no está bien, por ejemplo, existen personas y autoridades que se están atribuyendo competencias que no les corresponde, ¿será acaso competencia del Viceministro de Régimen Interior ir a aprehender a una persona? ¿Estará dentro de sus atribuciones específicas?, se está apreheendiendo inclusive a personas sin ninguna orden, y eso es un atropello al debido proceso”, señaló el jurista a ANF.
De acuerdo a norma, explicó, una persona puede ser aprehendida solo cuando existe previamente una orden emanada por una autoridad competente, y cuando eso ocurre, esa orden debe ser exhibida y una copia entregada a la persona a la cual se está aprehendiendo, “y eso no está ocurriendo”.
La normalidad, de acuerdo a los casos revisados por ANF, es que las personas sean aprehendidas en horas de la madrugada, sometidos bajo fuerza y con actos crueles e incluso tortura, incomunicados durante horas antes de permitirles el contacto con un familiar o un abogado. Solo una vez detenidos se les hace firmar la orden de aprehensión.
“Existe una multiplicidad de vulneración a los derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, en su vertiente del derecho a la defensa, cuando ya no hay igualdad de partes se vulnera el derecho a la defensa, y cuando no se cumplen los procedimientos y las formalidades que establece la propia ley, se está incumpliendo el debido proceso”, apuntó.
En los hechos, la fiscalía no vela por los derechos de las personas, más bien encubre la vulneración de derechos como las torturas y tratos crueles y detenciones indebidas, de acuerdo a informes de la Defensoría del Pueblo y del Instituto contra la Tortura (ITEI).
Y esta actuación judicial se torna más vulneradora, como revela el reportaje “El MAS utiliza métodos dictatoriales para castigar a opositores políticos”, cuando se trata de reprimir a voces disidentes o consideradas opositoras al gobierno.
“Lamentablemente, el Órgano Judicial se ha convertido en un brazo persecutor y operativo del Órgano Ejecutivo, ya no es la Policía boliviana como antes, sino que ahora es el Órgano Judicial”, remarcó.
La exposición de las personas detenidas ante los medios de comunicación, o linchamiento mediático, se ha convertido en una forma de vulneración recurrente de parte del gobierno, principalmente del ministro Eduardo del Castillo y la institución policial.
“Es un abuso totalmente ilegal lo que ha realizado el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al exhibir a las personas ante los medios de comunicación, como alguien diría, los ha matado en vida”, refirió el jurista.
Indicó que, en el caso del supuesto golpe de Estado militar, expuso a los detenidos como delincuentes comunes, cuando “muchos militares que han estado ahí exhibidos de manera pública han recibido órdenes, solo han acatado órdenes, equivocadas o no”.
Vera destacó que el artículo 296 numeral 4 del Código de Procedimiento Penal no permite que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación sin su expreso consentimiento, y de ocurrir esto se debe contar con la autorización del detenido en presencia del abogado defensor.
“Entonces, aquí se han vulnerado derechos y garantías porque se ha matado en vida a estos ciudadanos, porque no solamente son estos ciudadanos, se debería haber pensado en la familia, en la esposa, en los hijos que están en edad escolar, cómo cree usted que puede ser considerado aquel niño que está en etapa escolar, cómo le van a mirar sus compañeros, entonces, tiene consecuencias”, reflexionó.
El jurista indicó que el ministro Del Castillo o las autoridades que han ordenado que se ponga a todos los ciudadanos ante los medios de comunicación “tienen que asumir sus responsabilidades, ya sea penal o administrativa, a no ser que el ciudadano presentado tenga una sentencia condenatoria”, pero mientras no haya una sentencia condenatoria “se presume su inocencia y eso está en la Constitución y se debe respetar la Constitución”.
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