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El ministro de Minería, Alejandro Santos, pidió a sus “hermanos y hermanas” regularizar sus trámites para la explotación minera; caso contrario, usará la fuerza pública para realizar “batidas” contra la minería ilegal.
“Si es que hacen caso omiso en lo que estamos expresando en este momento, el Ministerio de Minería y nuestro Ministerio de Gobierno, en coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), haremos las batidas correspondientes para frenar toda la minería ilegal en el territorio boliviano, tal cual ordena nuestras normativas vigentes”, advirtió Santos, quien es integrante de la cúpula de los mineros cooperativistas del país.
La fiebre del oro en el país desbordó la capacidad del Gobierno para evitar el descontrol de la minería ilegal. Regiones como el norte paceño y algunas áreas protegidas fueron víctimas de la destrucción ambiental por la búsqueda del oro.
Las poblaciones que fueron cooptadas por grupos de personas que se hacen llamar cooperativistas terminaron dañando su propio ecosistema. Las aguas de los ríos ya no son aptas para el consumo, los peces tienen altos niveles de contaminación por el mercurio que se usa. Además, los cauces de los afluentes terminan siendo alterados por la maquinaria pesada y eso provoca desbordes e inundaciones en épocas de lluvias.
“Hoy por hoy, y desde las anteriores gestiones, hay bastante minería ilegal en nuestro pueblo boliviano. En ese entendido, expresamos a los compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, que están infringiendo, que están trabajando sin autorización, les debo hacer notar que hagan, tramiten, sus correspondientes documentos tal cual instruye la Constitución Política del Estado y también las normativas vigentes de nuestro país”, enfatizó el ministro del área.
A principios de mes, autoridades y población de Alto Beni y Palos Blancos, departamento de La Paz, llegaron hasta las oficinas de la AJAM para dejar mapas de sus respectivos territorios, en cumplimiento de la Sentencia de Acción Popular N° 004-2023/AP de 25 de julio de 2023, y aclararon que se declararon superficies libres de la explotación minera y están protegidos por ley municipal.
Sin embargo, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de “conflicto positivo de competencia” contra de la Ley 097 municipal de Alto Beni, que declara a esa región como agroecológica y libre de actividad minera.
El asambleísta departamental de La Paz Israel Alanoca denunció que la intención de Choquehuanca, que se dice defensor de la Pachamama, es permitir explotación minera en un territorio constituido como agroecológico.
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