Daniela Leytón Michovich
La sola mención de eliminar el subsidio a las gasolinas en Ecuador se vincula con el imaginario colectivo de crisis y caos social como se experimentó durante los conflictos el año 2019. Hoy el tema está en puerta nuevamente y su tratamiento puede marcar una diferencia o condenar al joven gobierno de Daniel Noboa.
La literatura académica sobre la eliminación de subsidios es amplia, sin embargo, como suele suceder, la academia aún no cuenta con las estrategias eficientes para lograr un link con los gobiernos y la sociedad, que le permitan promover un impacto significativo en la gestión de la conflictividad, la gobernanza y el involucramiento activo de la sociedad.
Varios estudios señalan que sin duda el subsidio de las gasolinas en Ecuador significó una carga económica importante que afectó la sostenibilidad fiscal del país. Ramírez Asanza (2023) señala que el gobierno ecuatoriano reserva el 3,95% del PIB para cubrir los subsidios, por lo que su eliminación significaría “la liberación de 2.3 mil millones de dólares al año” (Schaffitzel, Jakob, Soria et. Al 2019). Por otro lado, Villarreal Sosa (2019) puntualiza que de las gasolinas subsidiadas, la Ecopaís representa una carga económica relevante con relación a los otros dos productos, además de ser la de más baja calidad, por lo tanto, la que tiene más impactos negativos sobre los automotores.
Con políticas claras y capacidad estatal, la eliminación progresiva de los subsidios puede ser beneficiosa. Para Ramírez Asanza & Campuzano Vásquez (2023), el desplazamiento de precios como estrategia, puede provocar que “el costo sea asumido por los quintiles más ricos de la población” mientras que los montos antes destinados al subsidio pueden destinarse directamente a proyectos y planes de desarrollo para los sectores más vulnerables.
La política social entonces es clave, como Sisalima (2024) advierte, la eliminación de los subsidios provocará una inflación del 5,56% (en una proyección al 2027) en un país con altos porcentajes poblacionales inmersos en el trabajo informal que muchas veces no llegan a cubrir los montos de un salario básico para su subsistencia. Ahí, aparece otro fantasma y es la corrupción, con ella en rieles cualquier iniciativa de redistribución es imposible.
De momento, la propuesta del gobierno de Noboa parece empezar con buen pie. Esta se enfoca en la eliminación progresiva de los subsidios, y en establecer una política de bandas (iniciativa adoptada en el gobierno de Lenin Moreno). La estrategia va acompañada de una política de compensación económica a sectores del transporte regularizado y registrado en la base de datos gubernamental, mientras se convoca a los trabajadores del sector que no son parte de este grupo a regularizar su situación para ser beneficiarios de estas compensaciones.
Al momento de redactar este artículo, la negociación entre los chóferes y el gobierno parece tener diferencias mínimas en cuanto a la cantidad de galones de gasolina utilizados por el transporte al día, habrá que ver cómo estas decisiones y prácticas maduran con el paso de las semanas.
Eliminar el subsidio a las gasolinas es un paso audaz que sin la capacidad estatal y políticas claras de redistribución eficiente de recursos puede ser contraproducente. Se hace urgente una planificación meticulosa y responsable para las siguientes etapas que además hoy enfrentan otros desafíos como el calendario electoral y la vieja costumbre de abolir políticas anteriores en caso de que otro gobierno asuma la administración del país.
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Daniela Leytón Michovich es psicóloga política y cientista social (El gato de Schrödinger)
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