Editorial Sumando Voces
Esta semana se ha cumplido un año de la toma violenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) por parte de un grupo afín al oficialismo, lo que derivó en el control policial sobre la infraestructura.
Sin embargo, el asedio a la institución no es reciente, data de hace al menos una década, cuando empezó el intento del paralelismo y las tomas violentas a la institución, que ya suman al menos cuatro.
En enero de 2014, luego de un informe crítico al Gobierno, se intentó instalar una dirigencia paralela presidida por Teresa Subieta, hoy embajadora ante el Vaticano, lo que prueba que el oficialismo estuvo detrás de este asedio desde sus inicios.
En febrero de 2017, mineros asalariados irrumpieron violentamente en la sede de los DDHH, amenazando a su presidenta, Amparo Carvajal, y dándole un plazo de 48 horas para abandonar su lucha por los derechos Humanos.
En agosto de 2021, un autodenominado comité impulsor del juicio contra Goni se apostó en la institución, luego de que la Asamblea había demandado el respeto al debido proceso en el caso.
En octubre de 2022, un grupo irregular denominado “willa luchu” perpetró un atentado contra la sede de la institución.
Y, el 2 de junio de 2023, una nueva dirigencia paralela, esta vez dirigida por Edgar Salazar, también afín al Gobierno, protagonizó la toma de la institución más larga y más respaldada por el Gobierno.
Una vigilia de Carvajal y de otros activistas logró el desalojo del grupo de Salazar de la sede, pero ésta quedó en manos de la Policía, es decir, a cargo del Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que hasta ahora no devuelve las instalaciones.
En el transcurso de estos hechos, hubo otras acciones del Gobierno tendientes a legitimar a las dirigencias paralelas, como reconocerlas para alguna actividad o entregarles el control del NIT de la institución lo que, una vez más, demuestra que estas acciones contra la Asamblea de Derechos Humanos no son aisladas y que responden a una sistemática estrategia de presión y acoso público.
Con esta acción, el Gobierno no solamente incumple con su responsabilidad de proteger a los defensores y defensoras de derechos, establecida en instrumentos internacionales, sino que deja en situación de vulnerabilidad a Amparo Carvajal y a los activistas que la acompañan, que ahora realizan su trabajo en la calle. Y, lo que también es grave para el resto de la sociedad civil, es que atenta contra el derecho a la libertad de asociación.
Ese derecho está contenido en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, que en su inciso 4 señala que los bolivianos y bolivianas tienen derecho “A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos”.
Diversos organismos internacionales, entre ellos la CIDH y Amnistía Internacional, en sus reportes correspondientes a 2023, documentaron la toma de la APDHB e instaron al Gobierno a proteger a personas defensoras de derechos.
El Gobierno conoce de estas observaciones por instancias internacionales a las que nuestro Estado está adscrito sobre la vulneración de derechos en la que está incurriendo, pero su negativa a entregar la sede se inscribe en la sistemática impunidad con la que actúa en diversos ámbitos.
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