Luciana B. Miranda Serrano
La defensa ambiental se encuentra en el foco de atención en la actualidad; pues el extractivismo, como uno de los pilares de la economía en Bolivia; ha hecho que los defensores ambientales se enfrenten a constantes problemáticas por la lucha en contra de la expansión indiscriminada de actividades extractivistas.
La minería en Bolivia ha estado presente desde hace mucho tiempo, consolidándose como una de las fuentes del movimiento económico nacional. No obstante, los efectos de la ilimitada e irrestricta actividad minera comienzan a alarmarnos por los resultados en el medio ambiente y los derechos humanos.
La urgencia de abordar esta temática radica en la reciente aprobación de los 19 contratos mineros, los cuales carecen de un estudio ambiental como requisito obligatorio, según disposiciones legales en Bolivia. Del mismo modo, encontramos situaciones análogas que son parte de la cotidianidad de diferentes comunidades. Esto resulta ser más grave de lo que se percibe, pues se está autorizando que las empresas mineras ejecuten actividades extractivistas que no toman en cuenta mecanismos que garanticen un medio ambiente sano para las comunidades asentadas en esos lugares; y a su vez ignorando los derechos de todas las personas al poner en riesgo el desarrollo óptimo de las actuales y futuras generaciones.
En ese contexto, cobran protagonismo los defensores ambientales, pues son ellos quienes se oponen a estas prácticas y luchan en defensa de los derechos de la Madre Tierra y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
Los casos recientemente conocidos de Alcko Tambo en Potosí y de San Agustín de Puñaca, en Oruro, son una muestra de esta situación.
“Nos han contaminado y les han demandado a nuestras autoridades. (La empresa) nos persigue penalmente y por eso la comunidad ha decidido sacar a la empresa, tomarla pacíficamente y hacer el bloqueo, que ya está yendo a los tres meses” contó el dirigente Víctor Cardozo, de Alcko Tambo, Potosí.
“Los resultados del laboratorio Spectrolab son críticos, se ha encontrado cadmio, zinc, boro, manganeso en grandes cantidades. Ellos (ayllus) identifican, y nosotros a base de datos también lo respaldamos, es la empresa minera Huanuni el principal contaminante” informó la técnica del Área Tierra y Territorio y Derechos Humanos de Cenda, Betzabé Saca Choque, respecto a los pobladores de San Agustín.
Estas son declaraciones que dejan en evidencia la impunidad de la que gozan las empresas mineras porque pese a las denuncias públicas de que existen comunidades severamente afectadas por la contaminación producto de la actividad minera, no se observa repercusión alguna para las mismas; por el contrario, observamos la persecución de todo aquel que se oponga y luche por la vigencia de medidas que protejan al medio ambiente y los Derechos Humanos.
Es así que los defensores ambientales y de las comunidades juegan un papel fundamental en estos tiempos, el control que ellos ejercen debe ser protegido y no criminalizado o estigmatizado. Se requiere una reflexión acerca de los efectos irreversibles que nos deja la minería sin restricciones y sin prever el cuidado del medio ambiente. De lo contrario, nos espera un viaje sin retorno en el marco de la protección ambiental, establecida en la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados que Bolivia ratificó, pero que sin ningún inconveniente ignora.
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Luciana B. Miranda Serrano es integrante del colectivo de Defensores de Derechos de Chuquisaca, investigadora y estudiante de Derecho.
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