Imagen referencial de periodistas en una cobertura en el antiguo Palacio de Gobierno. Foto: Facebook MV
Hoy se recuerda el día del periodista en Bolivia y la ocasión ha sido aprovechada para recordar el valor de esta profesión en la defensa de la democracia y los derechos humanos y, a la vez, para visibilizar la situación de precariedad laboral y de acoso político en la que desarrollan su trabajo los periodistas.
“Hoy nos encontramos frente a la necesidad de reivindicar y defender nuestros derechos, pero también de reimponer los principios, valores y fines del periodismo bajo la evidencia que ningún adelanto tecnológico, ninguna ideología y ninguna causa coyuntural puede dejar en la obsolescencia a la verdad, la imparcialidad, la credibilidad, la honestidad, la responsabilidad y la defensa del derecho a la información”, señala un comunicado emitido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia que, además, destaca que el periodismo es “uno de los pilares de la democracia, la libertad, la justicia y la igualdad”,
La fecha coincide con la publicación de un estudio del CEDLA que deja en evidencia que el cambio tecnológico y las presiones políticas derivaron en la precariedad laboral de los periodistas, quienes ejercen la profesión sin contratos fijos, con bajos salarios y en la mayor parte de los casos de manera independiente. Son los llamados freelancers, que trabajan por nota y no tienen un empleo fijo.
El reporte indica que ocho de cada 10 periodistas carece de un contrato fijo y que más de la mitad (55%) de los consultados se considera independiente o autogestionario. De esta forma, los periodistas han perdido el derecho a las prestaciones laborales, como seguro de salud, aportes para la jubilación, vacaciones, aguinaldos, finiquitos, y ahora trabajan para sobrevivir, en muchos casos combinando el periodismo con otras actividades laborales.
El estudio, que fue elaborado por el investigador Brujo Rojas, señala que el 45% de los periodistas, la mayoría de ellos freelancers, tiene ingresos laborales inferiores al salario mínimo nacional que, cuando se hizo el sondeo, era de 2.362 bolivianos.
La paradoja es que ahora los periodistas son considerados defensores de los derechos humanos, tal como lo hacen notar varios organismos internacionales, entre ellos, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, entre otros.
La relatoría de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, indicó ya en 2011 que “los periodistas y profesionales de los medios de información pueden considerarse defensores de los derechos humanos cuando, a través de sus actividades, promuevan los derechos humanos en general y traten de proteger los derechos de los demás”.
Entre tanto, Amnistsía Internacional indicó que “las y los periodistas son defensores de derechos humanos, es decir personas que hacen frente a los abusos de poder de gobiernos y empresas”.
Y en la misma línea, este viernes la Defensoría del Pueblo atribuyó esa labor a los periodistas.
“La Defensoría del Pueblo, en esta fecha tan importante, reconoce la noble labor de las y los periodistas y su virtud innata en la defensa de los derechos; sin embargo, no se puede desconocer las actuales amenazas a la labor periodística como los fenómenos sociales, la situación económica, la globalización y la transición al ámbito digital, éste último, derivó en el recorte de personal en diferentes medios de comunicación lo que empujó a muchos periodistas a laborar de forma independiente”, indica la institución.
Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los propietarios y dirigentes de varios medios de Bolivia, “expresa su mayor reconocimiento a la labor diaria de mujeres y hombres que dedican su vida a informar sobre temas que afectan a la salud, la seguridad pública, la justicia y la economía de los ciudadanos y sus familias”.
Libertades restringidas
Los periodistas, además, ejercen su labor bajo presión política, que incluye varias vertientes, como la asfixia económica, la violencia en la cobertura y el ataque cibernético, tal como lo hace notar la Asociación Nacional de Periodistas.
“A los recurrentes hechos de violencia, acoso y hostigamiento contra los periodistas, se suman la grave situación laboral que afecta a todo el gremio, la desinstitucionalización sistemática de la profesión, la censura indirecta a través del uso político de los recursos destinados a la publicidad estatal, las barreras de acceso a la información, y la acción nociva del hackeo y las fake news como mecanismos que afectan directamente el quehacer comunicacional”, señala la institución que está dirigida por la periodista Zulema Alanes y que agrupa a las asociaciones departamentales de todo el país.
Según el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, cuyo reporte será publicado próximamente, en 2023 se acumularon 143 vulneraciones a la libertad de prensa, entre las que se encuentran las agresiones físicas y psicológicas, amenazas, incumplimientos al deber de protección e impedimentos de acceso a la información a periodistas.
El acceso a la información es un derecho no sólo de los periodistas, sino de la ciudadanía en su conjunto, por lo que su restricción no solo afecta al gremio sino a la sociedad.
Los actores que más vulneran la libertad de prensa, según UNITAS, se dividen en dos grupos principalmente: La Policía Nacional y grupos de personas, ambos con 34 registros. Le siguen autoridades del ejecutivo nacional (11 registros), cooperativas mineras (10), autoridades del Órgano Judicial (9), el Ministerio Público (6), entre otros.
Esto quiere decir cada tres días que hubo una violación a la libertad de prensa en Bolivia durante el año pasado.
No son motivos para celebrar, pero sí para reconocer la labor de los periodistas defensores de derechos.
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