Reporteros sin Fronteras bajó la calificación de Bolivia en materia de libertad de prensa y advirtió las disparidades entre los medios estatales y los medios independientes.
En una lista de 180 países, Bolivia tenía 51,09 puntos en 2023 y ocupaba el puesto 117 entre las naciones analizadas, pero este 2024 la calificación bajó a 48,88 puntos y el país se situó en el puesto 124.
Cuando se refiere a aspectos económicos, el reporte indica que “mientras los medios de comunicación vinculados al Estado disfrutan de privilegios, los independientes están sufriendo fuertes presiones económicas, particularmente a través del reparto de la publicidad institucional, que tiene consecuencias a veces desastrosas y puede llevar al cierre”.
Agrega que, en este contexto, los periodistas se enfrentan a una gran precariedad laboral”. El reporte coincide con una investigación realizada por el CEDLA, en la que se devela la grave precariedad laboral en la que trabajan los periodistas, producto de las presiones políticas sobre sus medios y el cambio tecnológico.
En la región, los países que están peor situados que Bolivia son Perú (puesto 125), El Salvador (133), Guatemala (138), Honduras (146), Venezuela (156), Nicaragua (163) y Cuba (168).
La calificación mundial de la libertad de prensa indica que “en Bolivia, los ataques, las amenazas, la censura y el hostigamiento por parte del Estado y las fuerzas progubernamentales, atentan regularmente contra la libertad de prensa. Los ataques hacia los periodistas se han intensificado, especialmente los de la policía”.
En el panorama mediático señala que el Estado controla numerosos medios y ha aumentado la vigilancia sobre los medios críticos, especialmente en redes sociales.
En el contexto político arguye que en el contexto de la crisis política de 2019 hubo numerosos ataques contra la prensa: intimidaciones, hostigamiento, agresiones físicas, robo de material, y censura en radio y televisión. “La estigmatización se está convirtiendo en una práctica común, mediante el acoso verbal a los periodistas y ataques a su reputación”, resalta.
En el marco legal, Reporteros sin Fronteras existe impunidad sobre los ataques a los periodistas y que los periodistas críticos pueden verse privados de los ingresos de la publicidad estatal. Señala el caso de Las Londras, cuando un grupo armando secuestró a siete periodistas de Santa Cruz de la Sierra que cubrían conflictos territoriales, en torno al que aún no existe una resolución judicial.
Y, sobre temas de seguridad, el informe apunta que “los ataques físicos contra los periodistas se han intensificado, especialmente en las zonas rurales del país. Muchas emisoras de radio y televisión se han visto obligadas a suspender su actividad y sus redacciones han sido saqueadas”.
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