En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la prevalencia de la violencia sexual y los embarazos tempranos en Bolivia. En el informe también hace constar las preocupaciones de la sociedad civil sobre la no realización de las elecciones judiciales, la falta de independencia del Órgano Judicial y el excesivo uso de la detención preventiva.
“Preocupa en participar la prevalencia de la violencia sexual y los embarazos tempranos, forzados o no deseados en niñas y adolescentes”, indica la Comisión y luego cita los datos oficiales del Ministerio de Público, que indican que hasta octubre del año pasado se registraron 2.105 casos de violación a infante, niña o adolescente en el año.
Luego indica que entre 2020 y 2023 se han registrado 131.695 embarazos de niñas y adolescentes, de los cuales, el 6% corresponde a menores de 15 años. El dato fue expuesto en una audiencia temática con la sociedad civil.
La CIDH hace notar que, durante 2023, “no se han realizado las modificaciones normativas ordenadas por la Corte Interamericana en sentido de eliminar el delito de estupro y de centrar la tipificación del delito de violación en la ausencia de consentimiento y no en el uso o amenaza del uso de la fuerza”.
Este proyecto, sin embargo, fue aprobado este 2024 en la Cámara de Senadores, pero aún no fue abordado en la Cámara de Diputados, donde el año pasado fue rechazado un proyecto sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y niñas.
En contrapartida, la Cámara de Senadores también ha recibido un proyecto de ley para modificar la Ley 348, que protege la vida y la seguridad de las mujeres contra la violencia machista. La propuesta de modificación, que fue planteada por la senadora Patricia Arce y respaldada por el presiente del Senado, Andrónico Rodríguez, indica que un perito definirá si las víctimas de violencia sexual dicen la verdad y que, en otros casos de violencia de género, el testimonio de la mujer no será prueba fundamental del proceso.
La CIDH también repara en los feminicidios que, hasta noviembre del año pasado, eran 73, además de 36.422 casos de violencia de género registrados en la Fiscalía.
Justicia sin independencia
El informe de la CIDH hace notar que “organizaciones de la sociedad civil continuaron expresando su preocupación por los desafíos estructurales en el sistema de justicia y falta de garantía para la independencia judicial”.
Específicamente, se refiere a la suspensión indefinida de las elecciones judiciales y la posible situación de inconstitucionalidad en la composición de las altas cortes, derivada de la posible prorrogación de los mandatos”.
Ante estos desafíos, la CIDH dice que “urgió oportunamente al Estado a garantizar las elecciones y advirtió el posible debilitamiento del sistema de justicia por esta situación.
En ese marco, la Comisión hace notar que “continúa el empleo excesivo de la prisión preventiva, cuya tasa de aplicación es del 64%, que sería la principal causa del hacinamiento, que alcanzaría al 217%”.
Las personas privadas de libertad, además, enfrentan la escasez de agua y alimentos, la deficiente atención médica, la falta de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, ausencia de espacios exclusivos para recibir visitas y dificultades para acceder a la educación superior.
Otros informes
El informe sobre la situación de los derechos humanos de la CIDH es coincidente con los emitidos recientemente por Amnistía Internacional y por Estados Unidos. Todos se refieren a la situación de crisis de la justicia, reparan en la situación de acoso a los defensores de derechos y en la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la minería ilegal y el uso del mercurio para la extracción de oro.
Al respecto, la CIDH señala que “se continuó recibiendo información sobre las afectaciones a la salud de los pueblos indígenas por la inadecuada regulación del uso e importación del mercurio”.
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