ANF
El Departamento de Estado de Estados Unidos en su Informe de Derechos Humanos 2023 expone como “asuntos importantes” los reportes sobre torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes ejecutados por funcionarios gubernamentales; así como las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; el arresto o detención arbitrarios y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial.
El Departamento de Estado difundió este martes su informe correspondiente a la gestión 2023 sobre el estado de situación de los Derechos Humanos en el país, y estableció que “No hubo cambios significativos (…) en Bolivia durante el año”.
Hace énfasis en documentar la situación del sistema carcelario y de la administración de justicia. En la sección de Respeto por la integridad de la persona señala que, pese a que la Constitución Política del Estado prohíbe todas las formas de tortura, coerción y violencia física, según los reportes hay funcionarios gubernamentales que las usaron.
“Organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que las investigaciones policiales se basaron en gran medida en la tortura para obtener información y extraer confesiones. Al parecer, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o mantenían detenidas a las personas”, dice el informe al que accedió la ANF.
Menciona que la familia de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, fallecido en 2022 tras siete años detenido, denunció tortura y humillaciones durante su encarcelamiento. El ITEI reflejó las consecuencias de la tortura y violencia del Estado. No obstante, no hay detenidos ni juzgados por las vulneraciones.
“La impunidad policial fue un problema significativo debido a la corrupción y a la politización del sistema judicial. Rara vez se utilizaron o hicieron cumplir los mecanismos para investigar los abusos. Con frecuencia, las investigaciones no se completaron debido a sobornos pagados a los investigadores por parte de las personas investigadas”, señala el documento.
En relación a las cárceles establece que estuvieron “superpobladas” y carecieron de servicios médicos adecuados, generando condiciones “duras y potencialmente mortales”. Asimismo, señala que la “violencia fue generalizada debido a una seguridad interna inadecuada”.
“El hacinamiento en las cárceles fue un problema”, sostiene, con base en información de la oficina penitenciaria del Gobierno, afirma que los centros de prisión funcionaron por encima del 200% de su capacidad para la que fueron diseñadas; más aún cuando el 66% de los privados de libertad se encontraban en prisión preventiva.
“Los abusos perpetrados por funcionarios penitenciarios incluyeron intimidación sistemática, violación, maltrato psicológico, extorsión, tortura, trata sexual y amenazas de muerte. Hubo informes de violaciones y agresiones sexuales cometidas por las autoridades y por otros reclusos. Las reclusas sufrieron acoso y agresión sexual de forma regular, y algunas se vieron obligadas a pagar tarifas de extorsión para evitar ser violadas”, refleja el informe 2023.
Asimismo, señala que “La corrupción fue generalizada”. Sostiene que los privados de libertad tienen que “pagar sobornos” lo que determina su seguridad física, el tamaño de su celda, privilegios de visita, su capacidad de asistir a audiencias judiciales, su elegibilidad para pases diarios de salida, así como el lugar y la duración de su reclusión.
Precisa que “El gobierno no permitió que periodistas, ONG y líderes religiosos visitaran a algunos prisioneros de alta visibilidad, incluidos el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, y la expresidenta interina, Jeanine Áñez”.
Respecto a la prohibición del arresto y detención arbitrarios, dice que “el gobierno no siempre respetó la ley”. “Grupos internacionales de derechos humanos observaron varios casos potencialmente motivados políticamente iniciados por el gobierno que dieron por resultado arrestos arbitrarios, todos contra opositores del gobierno o miembros del gobierno anterior”.
“La prisión preventiva prolongada fue un problema”, concluye el reporte de Derechos Humanos 2023. Entre las causas identificadas para la demora en los juicios están los procedimientos legales complejos, el gran número de detenidos, la ineficiencia judicial, la interferencia del Ejecutivo, la corrupción, la escasez de defensores públicos y los mecanismos inadecuados de seguimiento de los casos, que ha provocado la prolongación de las detenciones preventivas, incluso más allá de los límites legales.
Hace notar que la ley prevé que nadie puede estar detenido durante más de 18 meses sin cargos formales. Si pasa ese tiempo y la fiscalía no presenta los cargos, el detenido puede pedir su libertad. “Por ley, la fase de investigación y la fase de juicio de un caso no pueden exceder los 36 meses combinados. La ley permitió una prórroga del juicio si los retrasos en el proceso se debían a la defensa”.
El informe dice que en el mes de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó los casos Jeanine Áñez y Camacho como ejemplos de los “problemas estructurales” en la administración de justicia, como el uso generalizado de la prisión preventiva.
En relación a la “denegación de un juicio público justo” señala que, si bien la ley prevé un poder judicial independiente, sin embargo, la sobrecarga en este poder lo hizo vulnerable a las influencias indebidas de los poderes del Ejecutivo y Legislativo.
“El poder judicial también fue objeto de múltiples acusaciones de corrupción. En general, las autoridades respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos”.
Menciona que de acuerdo a informes hay más de 300 presos políticos hasta el mes de noviembre. Aunque el gobierno negó que hubiera presos políticos en Bolivia, que se trataba de personas que podrían haber cometido delitos.
Cita como ejemplos la situación que vivió el exdirector de Migración Marcel Rivas (que recientemente obtuvo detención domiciliaria), el caso del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, la situación de la expresidenta Jeanine Añez, quien fue sentenciada en un tribunal ordinario y no como prevé la norma en un juicio de responsabilidades.
“La expresidenta interina Áñez fue sentenciada en junio de 2022 tras un juicio controvertido que muchos observadores consideraron incompatible con el estado de derecho y el debido proceso. La Constitución establece que los presidentes en ejercicio y expresidentes tienen derecho a un juicio de responsabilidades –en lugar de un juicio penal ordinario– por actos cometidos en el cargo. Sin embargo, el gobierno inició un proceso penal regular contra Áñez. Ella permaneció en prisión y el sistema judicial impuso períodos adicionales de prisión preventiva para los casos restantes”, se lee en el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Documentó también la cantidad de casos que algunos opositores tienen que enfrentar producto de las acciones legales en su contra, “En contraste, pocos o ningún líder destacado del partido gobernante enfrentó cargos penales a pesar de las pruebas bien documentadas de irregularidades denunciadas por periodistas investigativos. Observadores describieron esta discrepancia como otro ejemplo de la politización del sistema judicial por parte del gobierno”.
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