Edgar Villegas se declaró perseguido político. Foto: EBBOL
Esta posición fue expresada en un comunicado titulado “Bolivia avanza a las elecciones judiciales y generales de 2025 sin libertad de expresión”.
La Fundación Jubileo y la alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) rechazó la imputación contra el ingeniero Edgar Villegas porque “puede generar autocensura por su efecto amedrentador” debido a que afecta a derechos colectivos.
Tras las elecciones de 2019, Villegas encontró irregularidades en el conteo de votos y las comunicó a dos medios de comunicación, Televisión Universitaria y CNN, entrevistas que, según la Fiscalía, son ahora la base para la imputación en su contra por el delito de instigación pública a delinquir.
Las organizaciones firmantes señalan que la imputación “viola de manera flagrante la Constitución Política del Estado”, en su artículo referido a la libertad de expresión, así como convenios y tratados internacionales, de los que Bolivia es signataria.
“Siendo que Bolivia como Estado ha suscrito convenios a nivel internacional, sus órganos deben aplicar el control de convencionalidad con instrumentos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que señala que «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole», indica el comunicado.
También señala que la CIDH reconoce a la libertad de expresión “como piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” y que su vulneración implica la violación de un derecho individual como el derecho colectivo a recibir cualquier información.
“La CIDH ha expresado que el procesamiento de personas, incluidos periodistas y comunicadores sociales, por el mero hecho de investigar, escribir y publicar información de interés público, viola la libertad de expresión al desestimular el debate público sobre asuntos de interés para la sociedad, ya que la simple amenaza de ser procesado penalmente por expresiones críticas sobre asuntos de interés público puede generar autocensura dado su efecto amedrentador”, menciona el comunicado.
Las instituciones que suscriben el documento recuerdan que Villegas y su familia, así como la periodista que lo entrevistó en 2019, “sufrieron intimidación en un contexto de crisis de institucionalidad y represión desde el gobierno central”, y que ahora se repite la historia con la imputación penal.
Al respecto, la justicia observó la imputación y pidió a la Fiscalía que subsane aspectos de forma.
