Postulantes con hasta 13 impugnaciones, que incluyen graves acusaciones, y magistrados prorrogados en sus cargos continúan en carrera rumbo a las elecciones judiciales porque, luego de la etapa de impugnación, fueron habilitados por las comisiones de Constitución y de Justicia Plural, según un reporte de la Veeduría Ciudadana, con base en las impugnaciones presentadas por diversos partidos y sectores.
Por ejemplo, la jueza Claudia Castro, que postula al Consejo de la Magistratura (CM) tenía 13 impugnaciones, pero todas fueron rechazadas. Le sigue el consejero Marvin Molina, que postula al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con nueve impugnaciones, que también fueron rechazadas. Y luego se ubica el polémico vocal paceño Israel Campero, que postula al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con ocho impugnaciones también rechazadas.
Según las impugnaciones, Castro fue acusada de “cerrar casos” en los que eran acusados Evo Morales y otras exautoridades de su gestión, además de “tráfico y abuso de influencias de su cargo, falta de idoneidad y ética”.
Campero, según las impugnaciones “está acusado de actos ilegales e incumplimiento de deberes, de emitir resoluciones contrarias a la Constitución y de falta de idoneidad y de ética”. Campero fue el vocal que dejó en suspenso las interpelaciones a ministros en la Asamblea Legislativa, generando un conflicto de poderes. Este postulante fue impugnado, entre otros, por la activista María Galindo, que lo acusa de beneficiar a un feminicida, y fue fustigado por el diputado evista, Héctor Arce, quien le exige que se retire del proceso de selección por estar protegido por el gobierno de Luis Arce.
Prorrogados
Entre los magistrados prorrogados que pasaron la etapa de las impugnaciones están José Antonio Revilla y Marvin Molina.
Revilla recibió cinco impugnaciones, pero todas fueron rechazadas. Las personas que lo impugnan lo acusan de prorrogarse en el cargo, de incumplimiento de deberes, de tener afinidad política con el MAS y de no contar con experiencia específica para el cargo que postula. Revilla es miembro del Tribunal Supremo de Justicia y postula al Tribunal Constitucional.
Entre tanto, Molina, con nueve impugnaciones, está acusado de prorrogarse en el cargo, “de tener afiliación política con el MAS” y hasta de acoso sexual, además de incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y falta de ética, según las impugnaciones que llegaron a las comisiones. Molina fue protagonista de una fuerte polémica cuando se difundió un audio en el que se le escuchaba cuotear cargos judiciales para el MAS de Potosí.
Otros dos magistrados autoprorrogados, pero que aún no se sabe si están habilitados o no, son Ricardo Torres e Yván Espada. Esta semana las comisiones se encuentran en etapa de “resolución del recurso de revisión”, lo que significa que todavía están analizando los casos en que los postulantes plantearon recursos de revisión, que son una especie de apelaciones a las impugnaciones.
Torres es miembro del TSJ y postula al TCP, mientras que Espada es integrante del TCP y postula al TSJ.
Veeduría Ciudadana
La Veeduría Ciudadana, si bien publicó estos datos en su página de Facebook, no es la autora de las acusaciones, sino que las extrajo de las impugnaciones que llegaron a las comisiones.
La vocera de la Veeduría, Sandra Verduguez, hizo notar que “hay postulantes que tienen denuncias de diferente tipo, como acoso sexual, grave daño al Estado o suspensión de sus labores, pero que no tienen sentencia ejecutoriada. Sin embargo, si se está buscando idoneidad y probidad, estas denuncias causan preocupación”.
Los cuadros que fueron publicados en la página de Facebook de la Veeduría no contienen todas las impugnaciones, sino solamente aquellas más relevantes y de candidatos que tienen varias acusaciones.
La Veeduría Ciudadana está a cargo de la Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) y está integrada por 24 organizaciones de la sociedad civil y por carreras y facultades de derecho y ciencias políticas de 12 universidades del sistema público y privado.
La OCD, a su vez, está integrada por la Fundación Jubileo, la Ruta de la Democracia, la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos y la Red UNITAS.
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