El ingeniero Edgar Villegas, quien fue imputado por haber denunciado la existencia de un fraude electoral en los comicios del 2019, se declaró perseguido político, indicó que quieren criminalizar su derecho a la libertad de expresión y dijo no tener miedo porque está con la verdad.
“Aunque encarcelen a la mitad del país no van a lograr cambiar la historia”, dijo Villegas, durante una conferencia de prensa que fue convocada para responder a la imputación dispuesta por la justicia paceña a denuncia del diputado evista Rubén Cabezas.
Sin embargo, dijo estar seguro de que la gente no lo dejará solo y que, por tanto, no ingresará la cárcel. “Quiero decir al pueblo boliviano que ha luchado de forma no violenta, que hemos luchado durante los 21 días, que no nos vamos a rendir ante las injusticias, no tenemos miedo y que no nos van a doblegar carajo”, dijo mientras daba un golpe sobre la mesa.
El 2019, tras las elecciones generales de octubre, se desató una protesta en contra de los resultados que daban por ganador a Evo Morales, lo que derivó primero en las denuncias de Villegas y luego en un informe de la OEA sobre el dolo (fraude) en las elecciones, lo que precipitó la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la asunción del gobierno transitorio de Jeanine Añez.
Villegas presentó su reporte de fraude en medios de comunicación y luego fue corroborado por la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en su informe final estableció que hubo “dolo” en los resultados electorales de Bolivia.
“Yo me remito a las conclusiones de la OEA, que dice que hubo una manipulación dolosa de las elecciones. No lo estoy diciendo yo, lo dijo la misión electoral de la auditoría de la OEA. Según la RAE, dolo es igual a fraude”, dijo respecto al contenido de su informe que es cuestionado por el MAS y que motivó la denuncia penal en su contra, cuatro años después de sucedidos los hechos.
La demanda contra por el delito de instigación pública a delinquir fue planteada en octubre del año pasado, aunque Villegas y su abogada, Verónica Arancibia, consideran que es un acto de criminalización de la libertad de expresión.
“Hice uso pleno de mi derecho a la libertad de expresión, ahora este derecho quiere ser criminalizado, porque esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza, lo que están buscando es criminalizar la libertad de expresión en Bolivia”, dijo Villegas.
Agregó que, de esta forma, “quieren que nadie se atreva a denunciar los hechos de corrupción, fraudes, irregularidades, cualquier cosa que suceda en el futuro”.
Frente a eso, “quiero declararme ante la comunidad internacional como perseguido político en mi país”, enfatizó.
Agregó que vive de su trabajo, que no quiso aceptar ninguna candidatura y que tampoco quiso trabajar en el gobierno, en referencia a la gestión de Jeanine Añez.
“Quiero decirle a la gente que estoy seguro que no me van a abandonar, porque soy un ciudadano de a pie como ustedes, no pertenezco a ningún partido, no he candidateado a nada, no quise; tampoco trabajé en ningún cargo en el Gobierno, no quise; simplemente vivo de mi trabajo como todos”, señaló.
La abogada Arancibia señaló que Villegas no ha sido notificado con la imputación, ratificó que se busca criminalizar la libertad de expresión porque acusan a Villegas por haber hecho declaraciones en TVU y en CNN sobre el fraude electoral, mientras que acusó al diputado Cabezas de querer congraciarse con su jefe, Evo Morales.
La imputación
La imputación, a la que accedió ANF, señala lo siguiente: “Por existir suficientes elementos de convicción que sientan certeza jurídica sobre la existencia del hecho investigado y la participación del imputado de ser con probabilidad autor de los delitos de INSTIGACIÓN PÚBLICA A DELINQUIR previsto y sancionado en el Art. 230 del Código Penal, por cuanto le corresponde al Ministerio Público su persecución penal al existir los suficientes elementos fácticos para su verificación”.
El documento señala que los datos que brindó sobre un presunto fraude electoral, en medio de una movilización cívica, exacerbaron los ánimos de la población lo que provocó la irrupción y afectación de los Tribunales Departamentales Electorales de Chuquisaca, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando.
Indica, además, que los datos de difuntos que reveló Villegas, debieron ser resguardados y no debieron ser hechos públicos.
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