Manuel Menacho C.
Este 15 de agosto se cumplieron 35 años de la histórica Primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad. Desde el Beni hasta La Paz, cientos de mujeres y hombres indígenas de tierras bajas rompieron el cerco de invisibilización al que el Estado Republicano los había sometido durante siglos. Aquella marcha no solo fue una caminata; fue un acto fundacional. De allí nacieron los primeros reconocimientos territoriales indígenas, se modificó la Constitución y se abrió paso a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). En ese entonces, el país comenzaba a reconocer otras formas de ser y existir, así como de habitar, producir, gobernar y vivir la tierra. La Primera Marcha Indígena marca pues, un hito en la historia del país que graba en la memoria colectiva la idea insurgente de que los derechos no son (ni nunca fueron) un regalo del poder, sino, son el resultado de siglos de despojo y resistencia que se manifiestan en conquista.
Por eso, cuando un candidato como Tuto Quiroga anuncia que, si llega al gobierno, acabará con la titulación colectiva porque «lo que es de todos no es de nadie», no solo revela ignorancia o desprecio, sino también revela una voluntad clara de borrar la historia y desmontar los derechos arrancados al Estado con sendas y sacrificadas movilizaciones. Es, sin rodeos, una declaración de guerra a los pueblos que conquistaron sus derechos a fuerza de lucha y resistencia. ¿Acaso no fue suficiente el régimen colonial y la República para negar a los pueblos indígenas? ¿No bastaron ya las haciendas, los patrones y los pongos? ¿Ahora quieren volver a parcelar la vida colectiva con la promesa de “modernidad digital”?
Detrás de esa propuesta no hay innovación, hay restauración. Es el viejo modelo hacendario, envuelto ahora en ropaje moderno y lenguaje neoliberal: propiedad privada, individualización, mercado, inversión extranjera. Un modelo que desconoce que para muchos pueblos indígenas la tierra no es una mercancía ni un bien divisible, sino, una casa grande donde todos caben, un territorio integral habitado por cultura, espiritualidad, historia, política, prácticas de vida, narradas en otro sentido y cargadas de otro futuro colectivo.
Lo más peligroso es que esta narrativa no es aislada. Resuena en varios sectores conservadores (círculos políticos, empresariales y hasta estatales) que buscan desmontar la propiedad colectiva con la excusa de que ésta “frena el desarrollo”. En el actual contexto de crisis ambiental, es necesario dejar atrás ese tipo de afirmaciones simplistas. Los territorios indígenas han demostrado ser espacios donde se mantienen prácticas sostenibles, se conservan recursos naturales clave y se limita la expansión de actividades extractivas depredadoras. Desconocer esto no es solo un error, sino una estrategia para justificar políticas que favorecen la concentración de tierras y el avance de intereses económicos que históricamente han marginado a los pueblos indígenas.
Quienes hoy proponen acabar con la propiedad colectiva no buscan equidad ni eficiencia. Lo que realmente persiguen es remover los pocos límites que aún frenan el avance del latifundio, del agronegocio y de los grandes proyectos extractivos. Saben que los territorios indígenas representan un obstáculo para sus intereses, porque no pueden comprarlos, acumularlos ni convertirlos en mercancía fácilmente.
Hablan de “modernización” y “seguridad jurídica”, pero su visión excluye a las comunidades y privilegia a quienes tienen capital y poder. Dicen actuar en nombre del desarrollo, pero legislan para sus propios sectores. Lo que molesta no es la tierra improductiva, sino la tierra que no pueden controlar. El verdadero objetivo no es democratizar el acceso, sino concentrarlo aún más. Y eso se llama despojo, no reforma.
A 35 años de aquella histórica marcha fundacional, el mejor homenaje que podemos hacer las y los bolivianos es defender las conquistas de los pueblos indígenas; conmemorar esta gesta de los ninguneados que imputaron al Estado Republicano y le ganaron, honrar la dignidad de su lucha y memoria viva de quienes caminaron por días para que hoy exista la propiedad colectiva como derecho.
La historia de los pueblos indígenas no puede resumirse en un tuit ni usarse como gancho de campaña. No es un recurso simbólico ni una promesa electoral que se activa cada cinco años. Es el resultado de luchas concretas, de procesos organizativos sostenidos, de años enfrentando el despojo y defendiendo el territorio como espacio de vida. Por eso no se deja reducir ni parcelar. Al igual que el territorio, su historia no es un trofeo para disputas partidarias, es un legado vigente que sigue en pie, incomodando a quienes quisieran convertirlo en mercancía o propaganda.
–0–
Manuel Menacho C. es abogado
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.
